China reestructurará el gigantesco sector de la empresa pública

China ha desvelado su esperado plan para la privatización -parcial- de sus empresas públicas. La reforma de este sector, que emplea a cerca de 30 millones de personas y acumula activos por valor de unos 100 billones de yuanes (unos 14 billones de euros), estaba prometida desde hace al menos dos años y es, según los analistas, una de las más necesarias para permitir la transición de la economía china a un modelo sostenible.

El plan de reforma llega en momentos en los que la economía china, la segunda del mundo, da señales de debilidad y el Gobierno de Xi Jinping se esfuerza por reactivar unos indicadores que, desde la actividad industrial a las exportaciones, muestran tendencia a la baja. El objetivo de crecimiento para este año se sitúa en torno al 7%, después de que el año pasado alcanzara el 7,4%, el más bajo en dos décadas. Las dudas sobre la fortaleza económica del país precipitaron este agosto fuertes sacudidas en las Bolsas de todo el mundo, donde aun ahora persiste la incertidumbre.

El documento de 20 páginas ofrece más una guía, o una declaración de intenciones, que un listado de medidas concretas. Sus objetivos, según ha apuntado Zhang Xiwu, vicepresidente de la Comisión para la Supervisión de Activos Estatales (SASAC, la SEPI china), son permitir la propiedad mixta de estas compañías para facilitar que se conviertan en “entidades competitivas”. Pero la agencia estatal de noticias Xinhua precisa que continuará en todo caso el control del gobierno. El fin de la reforma, asegura, es “cultivar un gran número de empresas con un pilar estatal que cuenten con capacidad de innovación y puedan competir internacionalmente”.

Es una tarea complicada. En todo el país existen unas 155.000 empresas de propiedad pública, aunque la mayoría dependen de los gobiernos locales. SASAC controla 110, las mayores e implantadas en régimen de monopolio o cuasi monopolio en sectores que el Gobierno considera estratégicos, desde la banca al petrolero, pasando por las telecomunicaciones y la producción de acero. Entre ellas se encuentran gigantes como China Mobile, la mayor empresa telefónica por número de suscriptores del mundo, el Banco de China o Air China, la compañía aérea de bandera.

Desde su posición de dominio en el mercado, han disfrutado de un trato privilegiado, que ha incluido tanto políticas oficiales favorables como subsidios y muchas mayores facilidades a la hora de recibir préstamos —los grandes bancos chinos son también compañías estatales— con respecto a las empresas privadas. Esto les ha convertido en muchos casos en gigantes burocráticos e ineficaces.

Su reforma era algo que estaba anunciado desde 2013, cuando el régimen chino acordó una serie de medidas para facilitar la transición a un modelo económico más orientado hacia el mercado, aunque siempre bajo el control del régimen.

Entre los principios que ofrece el plan se encuentra la promesa de que se facilitará la entrada parcial de una gama de inversores privados, mediante la compra o intercambio de acciones o la venta de activos en los mercados de capital. También se permitirá a las compañías públicas “experimentar con la venta de acciones a sus empleados”.

Se intentará profesionalizar la gestión de estas firmas, con la contratación de directivos especializados y la introducción de un sistema de retribuciones salariales flexible según los resultados que obtenga la empresa. Sus consejos de administración tendrán más capacidad para tomar decisiones y se aumentará el escrutinio para evitar la apropiación de fondos públicos.

Continuará asimismo un proceso que ya ha comenzado a alentarse desde el Gobierno, la fusión de estas compañías. Este año ya se habían unido los dos principales fabricantes de trenes de alta velocidad y, según Xinhua, “se espera que los gigantes estatales administrados por SASAC acometan procesos masivos de fusiones y compras”, aunque el plan no aporta detalles al respecto.

Según el documento, durante el proceso las compañías públicas se dividirán en dos clases, entidades con fines comerciales y firmas dedicadas a fines sociales. El petróleo, gas, electricidad, ferrocarriles y telecomunicaciones han quedado designados como sectores adecuados para la inversión privada de manera parcial.

El plan del Consejo de Estado (el Ejecutivo chino) y el Comité Central del Partido Comunista no establece un calendario, más allá de asegurar que para 2020 se habrán logrado reformas clave. Pese a que sus objetivos no son especialmente drásticos, tendrá que avanzar con enorme cuidado. Dado el peso de estas compañías en la economía y el empleo del país, un fracaso en la reforma podría tener enormes consecuencias políticas y en la calle. Y ese mismo peso las convierte en gigantescos lobbys dispuestas a emplear sus excelentes conexiones en los círculos de poder en contra de cualquier cambio que pueda restarles influencia.

El profesor Hu Xingdou, del Instituto de Tecnología de Pekín, advertía que en el ámbito de las reformas “hemos visto mucho ruido y pocas nueces hasta ahora, no hemos visto efectos reales. Al contrario, las empresas estatales se están fortaleciendo cada vez más mediante las fusiones. Si esta situación sigue, la economía china irá empeorando y las reformas apenas conseguirán efectos”.