Uber sigue funcionando pese al cese ordenado por el juez

El coche está disponible en un minuto. A media mañana de este miércoles, día de Nochebuena, hacen falta solo 60 segundos para que un chófer de Uber, la plataforma que permite ofrecer un vehículo particular como medio de transporte público, alcance a un usuario en el paseo del Prado, céntrica avenida de Madrid. Y eso pese a que el pasado 9 de diciembre un juez de la capital ordenara el cese cautelar de su servicio.

“La empresa se está aprovechando de los tiempos técnicos necesarios para que las autoridades judiciales se comuniquen con las operadoras de telefonía móvil y con las redes de pago, que tienen que bloquear su funcionamiento. Ahora mismo, Uber opera en España de manera ilegal”, sentencia José Andrés Diez, abogado de la Asociación Madrileña del Taxi, el gremio que puso la demanda de la que derivó el cese.

También Corea del Sur ha presentado cargos contra el fundador

“No es un problema vinculado con la viabilidad de la economía colaborativa; el punto es el incumplimiento de una norma. Puede que las leyes españolas o las de los demás países que prohibieron el servicio sean mejorables: pues en vez de ignorarlas, Uber tiene que luchar para cambiarlas”, sostiene el letrado. “Si las medidas cautelares las hubiera establecido un juez federal de Estados Unidos, al día siguiente el servicio hubiese dejado de funcionar. Pero parece que para Google y los demás inversores que financian a Uber las decisiones de un juez español no tienen mucho valor”, insiste.

Diez asegura que hará todo lo posible para que el servicio de Uber cese: “Pediremos la intervención de la Brigada de Investigación Tecnológica de la policía nacional para que haga efectivas las medidas. Y vamos a intentar también que la Interpol intervenga directamente en Estados Unidos para que la matriz de la compañía cumpla con la decisión del juzgado”. Este periódico ha intentado ponerse en contacto con Uber pero ningún portavoz ha contestado a las llamadas.

Pese a las medidas judiciales, la firma sigue poniendo en marcha iniciativas en España. El pasado 15 de diciembre, la empresa anunció una alianza con la Asociación Estatal de Víctimas de Accidentes (DIA) para sensibilizar usuarios y conductores de su plataforma sobre los riesgos vinculados con la conducción durante las fiestas como, entre otros, la conducción bajo efecto del alcohol. Hasta el 31 de diciembre, cada usuario tendrá derecho a un viaje gratis: a través de DIA, Uber destinará el importe equivalente a su coste a la atención de niños víctimas de accidentes de tráfico y a campañas relativas a seguridad vial.

Mientras tanto, la firma —fundada en 2009 en San Francisco y ya disponible en 52 países y más de 250 ciudades— sigue afrontando problemas legales también fuera de España. Este miércoles el fiscal de Corea del Sur ha presentado cargos contra el fundador de la compañía, Travis Kalanick, al que acusa de operar un servicio de taxi ilegal.

La sociedad firma una alianza con la asociación española de víctimas de tráfico

La decisión —con la que el fiscal encausa también al director ejecutivo de una empresa local de alquiler de coches supuestamente asociada a Uber— llega tras varias denuncias que el Ayuntamiento de Seúl, la capital del país, presentó ante la Fiscalía, y después de que Kim Kyung-ho, director de la división de tráfico de la metrópolis, prometiese el pasado viernes una recompensa de un millón de wones (unos 745 euros) a todo aquel que denuncie las actividades de la plataforma.

Los dos directivos, contra los cuales se podrían pedir hasta dos años de cárcel, están acusados de violar la ley que regula los servicios de transporte de pasajeros en el país asiático, que prohíbe utilizar sus vehículos para brindar un servicio de transporte público a las empresas de alquiler de coches.

El Ayuntamiento de Seúl ya propuso una revisión del marco legal para acabar con los servicios de la compañía en la capital surcoreana. A pesar de ello, la plataforma estadounidense ha seguido operando en la ciudad.