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OPINIÓN

La reestructuración bancaria

Fachada de la sede del Banco de España en Madrid.
Fachada de la sede del Banco de España en Madrid.

Es lógico —y muy positivo para evitar que vuelva a suceder— que la opinión pública se haya centrado en el aprovechamiento personal de los gestores de algunas cajas de ahorro y en las conductas en contra de la ley que deben ser perseguidas y castigadas por la justicia. Pero la próxima publicación del ejercicio de revisión del Banco Central Europeo (BCE) podría aprovecharse para reflexionar también sobre el proceso de reestructuración bancaria española que se ha ido ejecutando a lo largo de los seis últimos años.

La reestructuración financiera en España se inició nada más estallar la crisis de Lehman Brothers. Al mes siguiente del colapso de Lehman, hace ahora seis años, el Gobierno español aprobó un decreto creando el Fondo para la Adquisición de Activos Financieros y se empezó a buscar soluciones para la primera entidad que tenía problemas, la caja de Castilla-La Mancha. La intervención de esta entidad mostró que ni el Gobierno ni el Banco de España podían gestionar la crisis bancaria que se venía encima con los instrumentos tradicionales con que se habían gestionado las crisis anteriores. Y tanto el Gobierno como el principal partido de la oposición reaccionaron entonces rápida y positivamente a la petición del Banco de España de crear los instrumentos legales necesarios para gestionar una crisis más importante y, sobre todo, muy diferente de las que se habían vivido antes.

Son varias las características de esta crisis bancaria que la hacen muy distinta de las sufridas por España anteriormente. En primer lugar, esta vez se produjo rodeada de una crisis mundial, por lo que los riesgos de desconfianza y contagio cobraban una importancia trascendental. Mantener la confianza en la parte buena del sistema bancario y evitar que la situación de las peores entidades se trasladara a las mejores debía ser la prioridad de cualquier declaración o actuación que se emprendiera. La segunda característica importante fue que, por primera vez en España, la crisis se planteó fundamentalmente en unas cajas de ahorros ocupadas por el poder político, frente a los episodios pasados en los que fueron los bancos los que tuvieron más problemas. La falta de profesionalidad de los gestores explica los problemas que había que resolver y las actuaciones de algunas comunidades autónomas explican la dificultad de resolverlos. La tercera característica importante era que esta vez España no contaba con un Banco de España que pudiera emitir dinero para ayudar a las entidades de crédito con rapidez y sin pasar por el presupuesto. A diferencia del pasado, las únicas ayudas posibles eran las presupuestarias y éstas tenían que someterse además a la aprobación de la Comisión Europea.

Otra diferencia con las crisis anteriores era que el problema no era solamente el de aportar nuevos fondos, sino el de no perder súbitamente los que suministraban los acreedores extranjeros. La voluminosa dependencia de la financiación externa de nuestros bancos era algo nuevo.

El FROB creado en 2009 ha sido y es el instrumento clave de la reestructuración

Han sido numerosos los cambios institucionales y legales que se han ido produciendo para poder gestionar adecuadamente esta especial crisis bancaria. Y es que la tarea no fue solo la de gestionar el salvamento de un buque que se hundía, sino que a la vez hubo que construir las barcas de salvamento. La creación del FROB el mismo año 2009 fue trascendental. Ha sido y es el instrumento clave para gestionar la reestructuración bancaria a lo largo de estos seis años porque el problema español no era un problema de activos de toxicidad inmediata que pudiera acometerse con una nacionalización rápida y generalizada del sistema. Su problema era el de un tumor —el inmobiliario— cuyo desarrollo dependería de cómo evolucionara la economía, que es la que determina el alcance del deterioro de activos y la rentabilidad del negocio.

Por ello, a las entidades “buenas” bastaba con exigirles que provisionaran y se capitalizaran adecuadamente, pero sin necesidad de ninguna nacionalización ni de intervención del Estado. A las entidades “problemáticas” que no se habían integrado en las más sanas, se les ofrecieron dos posibilidades. Podían solicitar la inyección de recursos del FROB, pero éste solo les concedería ayudas públicas si aceptaban las exigencias de cambios de gestión y de planes de reestructuración concretos (reducción de oficinas, gastos de estructura, etcétera). Si no lo hacían, serían intervenidas en cuanto el Banco de España detectara su inviabilidad. Este esquema consiguió que, de las 45 cajas existentes en 2009, quedaran unas 15 a finales de 2011.

Pero si el FROB fue el instrumento esencial de la reestructuración bancaria, hubo otros cambios institucionales que facilitaron el proceso y que, aunque ya no existan, cumplieron la función de esquivar la resistencia de algunos gestores y comunidades autónomas que querían seguir manteniendo el poder sobre esas entidades. El más importante fue el decreto que incentivó la conversión de cajas en bancos, que en un solo año consiguió que todas las cajas españolas convirtieran su actividad financiera en bancos. Esta actuación, que otros países todavía no se han atrevido a emprender, transformó completamente el sector de las cajas y homogeneizó el tratamiento de todas las entidades de crédito españolas por parte del Banco de España.

Otro instrumento clave de la reestructuración acometida en estos seis años ha sido el de avanzar en la transparencia del sector. Ya en 2010, cuando el mercado empezó a desconfiar de la banca europea, el Banco de España exigió a las entidades que ofrecieran al mercado información adicional normalizada sobre su exposición al sector de promoción y construcción, desglosando los porcentajes de créditos de dudoso cobro, las garantías y las coberturas constituidas para afrontar su posible deterioro. También les exigió detallar la información sobre su cartera hipotecaria minorista, incluyendo los porcentajes de créditos dudosos. Además, deberían valorar sus necesidades de financiación en los mercados y las estrategias de corto, medio y largo plazo que habían puesto en marcha.

Esta labor de transparencia ha sido una tarea continuada durante estos seis años. Además de las exigencias crecientes por parte del supervisor, España fue el primer país europeo que propuso hacer stress tests a sus bancos y acabó haciéndolo conjuntamente con los demás países bajo la dirección de la Agencia Europea en dos ocasiones, elaboró el informe FSAP con el FMI, y realizó los exigidos por el MOU del rescate o asistencia europea. Este mismo año está participando en el ejercicio del BCE cuyos resultados conoceremos en breve.

La desconfianza de 2012 tuvo un final feliz gracias a las autoridades europeas

El mejor indicador del esfuerzo de reestructuración desarrollado durante estos seis años es el aumento extraordinario de los saneamientos de las entidades de crédito desde que se inició la crisis. Hasta finales de 2011, las provisiones y saneamientos efectuados fueron del orden de unos 115.000 millones de euros sin contar los más de 20.000 millones acumulados de provisiones genéricas. Desde entonces se ha saneado una cifra del mismo tenor, con lo que la suma total de saneamientos de las entidades a lo largo de estos seis años alcanza una cifra superior a los 240.000 millones.

Otra medida de la importancia de la reestructuración española ha sido la de aumentar el capital de las entidades. La capitalización efectuada en 2012 es la que más ha llamado la atención, lo cual es explicable porque entonces hubo que pedir ayuda a Europa. Pero no se pueden olvidar, aunque fueran más discretas, las capitalizaciones que se han acometido desde el inicio de la crisis y que no requirieron grandes recursos del contribuyente ni pedir asistencia financiera europea. Me refiero a las que hicieron las propias entidades tanto a partir de sus resultados o acudiendo al mercado con emisiones, o aquellas que utilizaron fondos que no requirieron aportaciones del contribuyente como los recursos acumulados por los fondos de garantía de depósitos. Es la suma de todos los aumentos de capital efectuados desde que se inició la reestructuración la que ha permitido alcanzar unos ratios de capital que serán valorados en la revisión del BCE.

¿Qué juicio se puede hacer sobre la reestructuración financiera llevada a cabo durante estos seis años? Ciertamente, si se compara con países que no han tenido crisis bancaria porque no tuvieron previamente una burbuja de deuda, la foto de España no sale bien, porque ha tenido que aportar un volumen importante de recursos públicos. La crisis bancaria, como el desempleo, son en buena parte hijos de la burbuja de deuda y estos dos problemas no hubieran estado presentes durante las dos últimas legislaturas si durante las tres legislaturas precedentes no se hubiera acumulado un endeudamiento espectacular del sector privado, junto a una sistemática pérdida de competitividad. Por ello, si se compara con países que hayan acumulado una burbuja parecida, la foto de los avances conseguidos durante los dos últimos Gobiernos de España no sale tan mal. No sólo por la menor cantidad de recursos públicos aportados sino sobre todo por haber mantenido sin ayudas, sin intervención y sin nacionalización las tres entidades de crédito más importantes del país. Este es el acierto mayor de la reestructuración bancaria española: haber evitado que el tumor, que afectaba a un tercio del sistema y estaba enquistado en unas 30 entidades, se trasladase a las más grandes, pues en ese caso el panorama hubiera sido dramático.

La reestructuración financiera en España se inició nada más estallar la crisis de Lehman Brothers

Sólo hubo un momento, durante el primer semestre de 2012, en que la creciente desconfianza que se generó en ese periodo en el Reino de España y en el sistema bancario español contagió a las entidades españolas grandes, hundiendo su calificación por las agencias de rating y creándoles problemas graves de liquidez que no se habían visto nunca antes ni, afortunadamente, después. Fue un gran error no darse cuenta entonces de que la variable más importante a cuidar en una crisis bancaria es la confianza.

Pero ese periodo de aumento espectacular de la desconfianza en España y en su sistema bancario, que podía haber acabado trágicamente con la salida del euro, tuvo un final feliz gracias a la reacción de las autoridades europeas. Por una parte, las declaraciones de Draghi junto al respaldo de Merkel al euro consiguieron un descenso espectacular en los costes de financiación de los Tesoros y de los bancos de las economías periféricas, y ello ha ayudado a reducir el déficit público y a dar la vuelta a la sangría de resultados de la banca española. Por otra parte, aunque el ejercicio de transparencia que exigió la troika al Gobierno español a cambio de la asistencia financiera acabó proporcionando una cifra de necesidades de capital de nuestra banca —menos de 50.000 millones— similar a la estimada por las autoridades españolas, el hecho de haber sido programado y controlado por los componentes de la troika tuvo el efecto benéfico de que dejaran de pensar que las necesidades de capital estaban en la horquilla de entre 150.000 y 200.000 millones que manejaban algunos bancos de inversión.

¿El ejercicio de revisión del BCE que se publica este mes significará el final de la reestructuración bancaria de España? Esto sería lo más deseable y lo más probable a la vista de las previsiones económicas disponibles en este momento. Pero evidentemente todo depende de lo que suceda en el futuro y, desafortunadamente, éste no da la razón siempre a las previsiones. Desazona un poco observar que todos los organismos nacionales e internacionales previeron para 2012 unos crecimientos del PIB de España similares a los que ahora están previendo para 2015. Si esta vez se cumplieran los pronósticos y entráramos en una recuperación sostenida, incluso aunque fuera moderada, la reestructuración bancaria realizada a lo largo de los seis últimos años podría ser suficiente.

Sin embargo, si ahora, como sucedió al final de 2011, la economía española entrase en recesión en contra de todas las previsiones, sería inevitable aplicar medidas adicionales de reestructuración y de apoyo público al sistema financiero. Pero esto no debería llevar a juzgar que lo hecho durante estos seis años no ha servido. No hay que descartar que los gobernantes salidos de las próximas elecciones, bajo el síndrome de Adán, presumieran de que no se ha hecho nada antes de que llegaran ellos. Pero esperemos que esta vez no suceda, bien porque la recuperación vaya hacia arriba, bien porque el adamismo vaya hacia abajo.