Los arroceros tailandeses se unen a las protestas contra el Gobierno

Agricultores tailandeses se manifiestan hoy en Bangkok para exigir el pago de las subvenciones al arroz, lo que pone más presión sobre el Gobierno interino contra el que siguen las protestas de grupos antigubernamentales para forzar su dimisión.

Los arroceros, que desde el jueves acampan delante del ministerio de Comercio, marcharon hacia el ministerio de Justicia y una oficina que utiliza provisionalmente la primera ministra interina, Yingluck Shinawatra, para reclamar el dinero adeudado.

El Ejecutivo debe unos 130.000 millones de bat (3.900 millones de dólares o 2.900 millones de euros) a casi un millón de agricultores en pagos atrasados de su plan de ayudas al arroz, una de las promesas electorales clave del gobernante Puea Thai.

Este programa estableció la compra de arroz a los productores a 15.000 bat (456 dólares o 336 euros) por tonelada, el doble del valor de mercado, dinero que debía compensarse con la exportación del cereal que, sin compradores, sigue en silos gubernamentales donde se acumulan unos 20 millones de toneladas.

El Gobierno en funciones lleva meses buscando vías de financiación para pagar las deudas pero ante su interinidad se ha encontrado con negativas de la Comisión Electoral, que temporalmente regula el uso de fondos públicos, y de los bancos, que se han negado a concederle créditos.

La movilización de los agricultores, muchos de ellos del centro y norte del país, feudo electoral del Puea Thai, ha sido aprovechada por el movimiento antigubernamental, que se manifestó hoy en Bangkok para recaudar dinero para los arroceros.

Los manifestantes, en cuya retórica han abundado las descalificaciones hacia la población rural, pretenden sumar los arroceros a su causa, que persigue sustituir el Gobierno por un consejo no electo que reforme un sistema político que consideran corrupto.

Sus protestas lograron boicotear las elecciones anticipadas celebradas la semana pasada en el 11 por ciento de los colegios, lo que mantendrá la interinidad del Gobierno hasta que la Comisión Electoral organice de nuevo la votación en las circunscripciones afectadas.