El fin de las restricciones a los trabajadores búlgaros y rumanos preocupa a Londres

La retirada el próximo 1 de enero de las restricciones que aún se aplican en la Unión Europea (UE) a trabajadores de Bulgaria y Rumanía preocupa a países como el Reino Unido, que ya ha anunciado medidas para desalentar una temida oleada de recién llegados que presione su sistema de beneficios sociales.

Bulgaria y Rumanía forman parte de la Unión Europea (UE) desde 2007 y sus ciudadanos pueden desde entonces desplazarse y residir libremente (sin necesidad de visados) en cualquier país miembro.

En materia de empleo, en cambio, solo 19 Estados miembros abrieron sus puertas desde el principio a los trabajadores de estos dos socios, ambos países incluidos. Croacia, último país en incorporarse a la UE en julio de 2013, abrió desde el principio sus puertas a los trabajadores búlgaros y rumanos.

Otros ocho países comunitarios -Bélgica, Alemania, Francia, Luxemburgo, Malta, Holanda, Austria y el Reino Unido- prefirieron adoptar medidas transitorias para limitar el acceso de rumanos y búlgaros a su mercado laboral.

España, por su parte, también optó por imponer restricciones temporales para los trabajadores de origen rumano.

A partir del 1 de enero, todas estas limitaciones tendrán que desaparecer para que búlgaros y rumanos puedan trabajar libremente en cualquier país de la UE y beneficiarse de las mismas condiciones laborales que los nacionales del país de acogida.

El primer ministro británico, el conservador David Cameron, ha anunciado que con el comienzo del nuevo año su país aplicará cinco nuevas medidas para protegerse del supuesto impacto del fin de las restricciones.

Esta decisión ha sido criticada por su posible incompatibilidad con las normas europeas y sus tintes xenófobos, y es vista por algunos como una maniobra electoralista de Cameron para retener votos y contener el avance del antieuropeo y antiinmigrante Partido por la Independencia de Reino Unido (UKIP, en sus siglas en inglés).

Londres pretende, en concreto, limitar los beneficios sociales durante los tres primeros meses y las ayudas a la vivienda, así como retirar los subsidios por desempleo pasados seis meses.

También quiere cuadruplicar las multas a las empresas que no lleguen a pagar el salario mínimo y deportar a los ciudadanos europeos llegados de otros Estados miembros que se encuentren en la calle por falta de lugar de residencia.

La Comisión Europea (CE) asegura que no ha recibido ninguna notificación oficial de las medidas y advierte de que si el Reino Unido las pone en marcha el día 1 como tiene previsto, tendrá que atenerse a las consecuencias.

"Todavía no tenemos los detalles, pero si entran en vigor y se confirma que son ilegales tendremos que abrir un procedimiento de infracción contra el Reino Unido", indicó a Efe el portavoz comunitario de Empleo, Jonathan Todd.

Cameron sí se refirió expresamente a esta cuestión en Bruselas al término del último Consejo Europeo del año donde recalcó que se trata de "mandar una señal clara de que solo es posible venir a trabajar, no a reclamar".

Desde las propias filas de su Gobierno, el viceprimer ministro británico, el liberaldemócrata Nick Clegg, ya se ha mostrado abiertamente en contra de las restricciones que intentan imponer sus socios conservadores y ha amenazado con bloquearlas.

El Ejecutivo comunitario asegura que no cree que el fin de las restricciones a los trabajadores búlgaros y rumanos vaya a provocar ninguna oleada masiva a partir de enero, tras los desplazamientos que ya se produjeron a raíz de su incorporación a la UE.

Según datos de la oficina comunitaria de estadística, Eurostat, desde 2007, 3,1 millones de búlgaros y rumanos se trasladaron a otros Estados miembros.

Italia (1,12 millones) y España (1,04 millones) fueron los principales receptores de este flujo interno y, aunque Alemania, el Reino Unido y Francia fueron los siguientes en la lista, las cifras son sensiblemente menores: 272.000 desplazados, 149.000 y 91.000, respectivamente.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), por su parte, señala en su informe "Impacto fiscal de la migración" que es improbable que estos trabajadores supongan una carga para los sistemas de protección social de los Estados miembros porque en la mayoría de los casos son contribuyentes netos al sistema de protección social del país de acogida.

En esta misma línea, el Centro Europeo de Estudios Políticos (CEPS, por sus siglas en inglés) recalca en su documento "Prestaciones sociales y migración" que no hay ninguna relación estadística entre la generosidad de los sistemas del bienestar y los flujos de ciudadanos procedentes de otros países de la UE.