Cataluña prorroga sus cuentas e impedirá cortar la luz a los vulnerables

La Generalitat de Cataluña ha aprobado hoy la prórroga de Presupuestos hasta que no entren en vigor los de 2014, que se prevé que se voten en enero tras el "boicot" del PP, y también un decreto que impedirá que se corte la luz a los más vulnerables.

Éstos son dos de los acuerdos de la última reunión del gobierno catalán del año, que termina el 2013 sin Presupuestos de 2014, que no se votaron en el último pleno del Parlament porque el PPC llevó las cuentas al Consejo de Garantías Estatutarias para que analice si son legales las partidas dedicadas a la consulta soberanista.

El recurso del PP bloquea la aplicación, a partir del 1 de enero, de algunas iniciativas incluidas en el proyecto de ley de medidas fiscales y financieras, como impedir la interrupción de los suministros energéticos a personas en situación de vulnerabilidad económica.

"Pensábamos que se debía hacer en cualquier caso para compensar la decisión del PPC de boicotear la tramitación de los presupuestos", ha afirmado hoy el portavoz del Govern, Francesc Homs, en la conferencia de prensa posterior a la reunión del Govern, en la que ha comparecido junto con el titular de Economía y Conocimiento, Andreu Mas-Colell.

A través del decreto, que se aplicará ya el 1 de enero, se incluyen en el Código de Consumo de Cataluña las medidas para impedir la interrupción de suministro energético.

De esta medida se beneficiarán las familias que dispongan de un nivel de ingresos igual o inferior al indicador de la Renta de Suficiencia, que no tengan posibilidades de reducir su consumo de bienes y servicios y que tengan contratados los suministros energéticos en la modalidad de tarifas sociales, una situación que deberán acreditar ante los servicios sociales.

En cuanto a la prórroga aprobada hoy, que entra en vigor el 1 de enero, se mantiene la cifra global de gasto departamental del ejercicio 2013 -que ha transcurrido con la prórroga de las cuentas del 2012- para no imponer nuevas reducciones de gasto que pongan en riesgo los servicios públicos fundamentales.