El juez acepta al FROB como acusación particular en la causa contra Serra y Todó
El juez que investiga la causa por los sobresueldos de la antigua cúpula de Caixa Catalunya, en la que están imputados Narcís Serra y Adolf Todó, ha admitido como acusación particular al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), al que la entidad acudió en 2010 para pedir una ayuda.
Según han informado a Efe fuentes judiciales, el titular del juzgado de instrucción número 30 de Barcelona, Josep Maria Pijuan, ha aceptado la personación del FROB como entidad perjudicada por los sobresueldos, que fueron aprobados en dos consejos de administración el mismo año en que la entidad recurrió a esa entidad para pedir una ayuda de 1.250 millones de euros.
Por los aumentos retributivos a directivos de Caixa Catalunya están imputados los 54 miembros de la antigua cúpula de la entidad financiera, entre ellos su expresidente Narcís Serra y el exdirector general Adolf Todó, quienes en su declaración como imputados ante el juez alegaron que los sobresueldos habían sido avalados por el Banco de España y el propio FROB.
Precisamente, a petición de la Fiscalía el juez ha acordado también citar a declarar como testigos a tres de los máximos responsables del área de inspecciones y supervisión del Banco de España y ha requerido a esta entidad que le facilite el resultado de las auditorías practicadas entre los años 2008 y 2012 a Caixa Catalunya para determinar cuál era su situación económica en el momento de aprobarse los aumentos retributivos.
Además, ha pedido al Banco de España los resultados de las inspecciones a que sometió a Caixa Catalunya y los informes que la propia entidad financiera le remitió para informarle de su situación contable, especialmente cuando acudió al FROB para recapitalizarse y en vísperas de su fusión con las cajas de Tarragona y Manresa, en verano de 2010.
Entre la documentación que el juez requiere para seguir adelante con su investigación, iniciada a raíz de una denuncia de la Fiscalía Anticorrupción, figuran también las memorias e informes económicos que Caixa Catalunya elaboró dentro de su plan de integración con las cajas de Tarragona y Manresa.
El magistrado ha pedido también al Departamento de Empresas de la Generalitat que le facilite información sobre si Caixa Catalunya había planteado algún ERE de su plantilla en fechas próximas a la aprobación de los sobresueldos.
Asimismo, la juez ha admitido a trámite la ampliación de querella que presentó la acusación popular ejercida por las CUP contra la antigua cúpula de Caixa Catalunya por el préstamo hipotecario por 50 millones de euros que concedió a una filial suya -GESCAT Gestió del Sòl- para adquirir una finca anexa al palacio de congresos construido por el Ayuntamiento de Lleida, a un precio muy superior al del mercado.
Según mantienen las CUP en su ampliación de querella, la escritura notarial establecía que GESCAT debía construir dos torres de viviendas de gran altura junto al palacio de congresos que, precisamente, debían servir para financiar el equipamiento municipal, pero las obras no se llegaron a acometer, lo que comportó "nefastas consecuencias" para el patrimonio de Caixa Catalunya.
Por otra parte, el fiscal Anticorrupción ha pedido al juez que archive el caso contra los miembros del consejo de administración de Caixa Catalunya que votaron en contra de los aumentos retributivos investigados, entre los que figuran representantes sindicales.
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