“Nos tratan como a imputados que van a comisaría”

Concha Hernani no tiene reparo en dar la cara para explicar su experiencia y criticar los exhaustivos controles del SEPE y el trato recibido en el servicio público. Hernani (51 años y residente en Logroño), se quedó en paro hace cuatro años pero tras trabajar en julio y agosto consiguió sumar cotizaciones por 12 meses, por lo que en septiembre pudo volver a solicitar cobrar el paro.

A finales de mes, recibió una agresiva carta que le convocaba el día 24 a las nueve de la mañana, no en la oficina de empleo del gobierno riojano, sino en la oficina provincial del SEPE. El texto era una advertencia: la no comparecencia podía acarrear la suspensión de las prestaciones. Al llegar a la oficina no la atendió un funcionario, sino una guardia de seguridad: le hizo firmar y la citó para el día siguiente a las 12, explica. Al día siguiente, nueva firma y nueva cita para el día siguiente a otra hora… y así una semana entera.

“Nos tratan como a imputados que van a comisaría, te hacen sentir como un delincuente, te humillan y te criminalizan, cuando el único delito es estar desempleada y tener derecho a una prestación por la que he cotizado durante muchos años”, espeta. Hernani explica que durante los días de control ni siquiera recibió un justificante de su presencia en la oficina, hasta que el último día reclamó a la agente de seguridad que le hiciera una fotocopia de los sellos, para tener constancia. La misma persona, asegura, le explicó que “los controles de disponibilidad de hacen sobre todo con inmigrantes para perseguir el fraude y el trabajo en negro”. “A quien tendrían que controlar es a los empresarios que contratan de forma irregular”, replica Hernani.

La desempleada se indigna con un servicio público que “despilfarra recursos, desvía trabajo propio hacia una empresa de seguridad, lo cual es cesión ilegal de mano de obra” y que “en vez de controlar debería destinar recursos a la orientación, formación e inserción de los desempleados”. “No se puede desplazar o focalizar el fraude en los escasos perceptores de las rentas mínimas de subsistencia y convertir al desempleado en un sospechoso”. Hernani asegura que en los cuatro años que lleva prácticamente sin trabajar el Servicio Riojano de Empleo no la ha llamado “ni una sola vez” para citarle y ofrecerle cursos, orientación o empleo.

Pese a las palabras de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, la semana pasada cuando se refirió a 520.000 perceptores indebidos por prestaciones por desempleo, que en realidad son expedientes en los que ha habido algún problema administrativo, las cifras que manejan los sindicatos indican que el fraude es residual. La secretaria de Empleo de CC OO, Paloma López, recuerda que los datos de julio (los últimos de los que dispone) muestran que el 99,55% de los controles de gestión realizados no tienen ninguna incidencia. El Ministerio no ha respondido la petición de este diario para conocer si los controles han aumentado.

Desde Cataluña, el secretario de Relaciones Laborales de la Generalitat, Ramon Bonastre, asegura también que “el Sepe está endureciendo mucho el control de prestaciones”. Unos controles que ejerce pese a que, recuerda, el Tribunal Constitucional ha tumbado la modificación legislativa que en 2003 retiró esta competencia a las comunidades autónomas para devolverla al Gobierno.