El Parlamento argentino aprobó ley de reapertura del canje de deuda

El oficialismo se impuso hoy en el Parlamento argentino y logró la aprobación del proyecto de ley de reapertura del canje de deuda soberana, en medio de un complejo conflicto legal que se desarrolla en Estados Unidos a instancias de fondos de inversión.

El proyecto fue aprobado por 192 votos a favor, 33 en contra y 4 abstenciones, tras un debate que se prolongo durante más de diez horas.

La iniciativa, que ya fue aprobada por el Senado y fue remitida al Parlamento hace dos semanas por la presidenta argentina, Cristina Fernández, plantea reabrir el canje de deuda, que quedó cerrado por ley tras la última reestructuración, concretada en 2010 y con la que Argentina completó una adhesión del 93 % de los acreedores a la refinanciación.

En el debate de hoy, el diputado Roberto Feletti, del gobernante Frente para la Victoria, afirmó que la reestructuración fue "exitosa" y "se hizo en forma independiente de organismos internacionales".

"Este proceso le ha permitido a Argentina independizar sus políticas públicas internas", aseguró el congresista del oficialismo.

Por el contrario, el diputado Alfonso Prat-Gay, de la Coalición Cívica y ex presidente del Banco Central, calificó como un "fracaso rotundo" la política del kirchnerismo en materia de deuda pública.

El diputado dijo que no se opone "a la reapertura del canje si le sirve al Gobierno" pero consideró que en 2005 y 2010 hubo "una mala estrategia de negociación".

Argentina declaró el cese de pagos de deudas por 100.000 millones de dólares a finales de 2001, en medio de una grave crisis económica y social.

El Gobierno de Fernández busca lograr la aceptación del 7 % de acreedores que no adhirieron a los canjes de 2005 y 2010 para reestructurar la deuda con una quita del 65 %, fuertes ahorros en intereses y plazos de pago extendidos.

Entre quienes rechazaron los canjes están grandes fondos de inversión que demandaron en tribunales de Nueva York a Argentina, a la que le reclaman el pago en efectivo y sin quitas de deudas por 1.330 millones de dólares.

En el marco de este litigio, Argentina había propuesto reabrir el canje para pagar a los demandantes en las mismas condiciones que lo hace con los acreedores que sí aceptaron las reestructuración, pero los fondos rechazaron esa posibilidad.

"Es una política de Estado que estemos en contra de los fondos buitres y que la reestructuración de la deuda no se caiga y tengamos que empezar otra vez", dijo en el debate el diputado Enrique Vaquié, de la opositora Unión Cívica Radical, la segunda fuerza parlamentaria.

El pasado 23 de agosto la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York confirmó un fallo de primera instancia del juez Thomas Griesa que obliga a Argentina a pagar a los fondos de inversión litigantes el ciento por ciento de la deuda reclamada.

La ejecución de la sentencia, sin embargo, quedó en suspenso pues Argentina apeló ante la Corte Suprema de Estados Unidos.

En este sentido, el diputado Federico Pinedo, de la opositora Propuesta Republicana (Pro), afirmó que los reveses judiciales en Estados Unidos se explican "por chapucería, por bravuconería y falta de profesionalismo" por parte del Gobierno y opinó que la reapertura del canje debió debatirse antes de los fallos adversos.

"¿Por qué no lo hicimos antes para ganar el juicio, en vez de hacerlo ahora, cuando perdimos el juicio?", se preguntó Pinedo, quien de todos modos se mostró a favor de "darle herramientas al Gobierno nacional" en este caso.

El proyecto en debate suspende la vigencia de la denominada "ley cerrojo" y establece que la nueva convocatoria a reestructuración se realizará en "términos y condiciones financieras" similares pero no mejores a la operación concretada en 2010.

Según un estudio de la consultora privada Econométrica, replicar la oferta de reestructuración de 2010 implicará para Argentina canjear deuda en mora por 11.177 millones de dólares, entre capital e intereses, por nuevos bonos por 4.865 millones de dólares a saldar en varios años.