Portugal reduce sus funcionarios el 1,6 % y se acerca a la meta de la troika

Portugal redujo entre diciembre de 2012 y junio de 2013 en el 1,6 % el número de funcionarios públicos, hasta los 574.946, y se acerca así al 2 % de recorte anual exigido a cambio del rescate concedido por la "troika" de acreedores.

Según los datos de la Dirección de la Administración y del Empleo Público (DGAEP), abandonaron la administración 9.282 empleados.

Comparado con diciembre de 2011, cuando se contabilizaban 611.801 funcionarios, la contracción durante los últimos 18 meses es mayor, pues la caída se sitúa en el 6 % (36.855 puestos trabajo).

Entre los sectores de la administración, que actualmente emplea en torno al 10 % de la población activa lusa, la administración central, con cerca del 74,5 % de los funcionarios públicos, fue la que perdió más trabajadores, en torno al 1,8 % frente a diciembre de 2012 y el 6,6 % en relación al mismo mes de 2011.

Sin embargo, los datos de la DGAEP muestran que la reducción de trabajadores con contrato temporal en la administración está muy lejos de cumplirse.

Entre diciembre de 2012 y junio de 2013, cayeron el 6,2 % de los contratados (hasta los 68.633), frente al 50 % anual marcado como meta por el Gobierno conservador de Pedro Passos Coelho.

Para no caer en bancarrota, Portugal firmó en mayo de 2011 un préstamo de 78.000 millones de euros concedido por la Comisión Europea, el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional -conocidos como la "troika"-, a cambio del cual se comprometió a aplicar medidas para sanear sus cuentas, entre ellas la reducción de funcionarios.

El Ejecutivo luso, que no pudo suprimir una paga a este sector por una prohibición judicial, aprobó a finales de julio una ley para aumentar el horario laboral de los funcionarios de 35 a 40 horas semanales y otra que facilita su salida de la administración.

No obstante, el presidente del país, Aníbal Cavaco Silva, encargado de promulgar las leyes para que entren en vigor, ha pospuesto la sanción de esta última norma y la ha remitido al Tribunal Constitucional para verificar su legalidad.

El Constitucional portugués ya anuló varias medidas de ajuste incluidas por el Gobierno en los Presupuestos de 2013, entre ellas recortes de salarios públicos, pensiones y subsidios de desempleo y enfermedad, y forzó al Ejecutivo a idear nuevos cortes por valor de 1.300 millones de euros.