La FEMP niega que la reforma suponga la privatización encubierta de servicios

El proyecto de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local no supone una privatización encubierta de los servicios de los ayuntamientos, ha asegurado hoy, en una entrevista concedida a Efe, el vicepresidente de la FEMP, Fernando Martínez Maíllo.

Maíllo, que ha participado activamente en la elaboración de este proyecto, en representación de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), ha afirmado que "en ningún momento el proyecto de ley dice que tenga que ser una empresa privada quien preste el servicio, sino que hay que elegir el mejor sistema, el más eficiente y barato para los ciudadanos".

En este sentido, ha recordado que "en los grandes ayuntamientos, el servicio del agua o la recogida de basuras son gestionados por empresas privadas, también en ayuntamientos gobernados por el Partido Socialista".

Se trata, según el vicepresidente de la Federación, de un proyecto "tremendamente municipalista" en cuya elaboración "se han producido avances en la línea que pedía la FEMP respecto a los anteriores borradores".

No obstante, ha manifestado que "hasta que la Ley no termine su tramitación parlamentaria no se puede hablar de satisfacción, pero sí de esos avances" que satisfacen a la FEMP.

En relación con las mejoras que se han introducido en el texto aprobado el pasado viernes por el Consejo de Ministros, Maíllo ha destacado el cambio del coste estándar por el coste efectivo para la prestación de los servicios.

"Es un refuerzo de la autonomía municipal", ha afirmado a la vez que ha puntualizado que las diputaciones provinciales "asumirán algunos de esos servicios solo si los ayuntamientos lo solicitan y siempre y cuando se pueda ofrecer un coste inferior".

Maíllo ha reclamado que a lo largo de la tramitación parlamentaria de la Ley "se especifique que esa participación de las diputaciones debe ser en coordinación con los ayuntamientos".

Sobre su papel en este asunto como miembro de la FEMP se ha limitado a recalcar que su trabajo ha sido "el de defender los intereses de los ayuntamientos y diputaciones de toda España, incluidos los de Castilla y León".

"Si hay algo que no le guste a alguna comunidad autónoma eso refrenda la idea de que la Ley es tremendamente municipalista, pero no es ante la FEMP donde hay que quejarse, sino ante el Gobierno de España", ha afirmado.

También ha dicho que "esta no es una ley de la FEMP, porque si fuera así no la haríamos como está en el proyecto, ya que es muy exigente con las corporaciones locales porque estamos en época de crisis".

Ante el temor de las entidades locales menores sobre su continuidad, Martínez Maíllo ha afirmado que "deben subsistir y cumplir todos los requisitos que pide la Ley, como cualquier ciudadano".

Al respecto ha argumentado que "la anomalía de no presentar cuentas debe desaparecer, la ley establece un plazo de tres meses para ponerse al día, que puede parecer poco, y la FEMP defiende que sea más largo, pero ya se lleva desde hace más de un año hablando de este tema y, por ejemplo en Zamora muchas entidades menores ya están actualizando sus cuentas y cumpliendo con los requisitos".

Sobre las diputaciones provinciales, Maíllo, que preside la de Zamora, ha afirmado que habido dos momentos claves en la historia de estas corporaciones: "El primero con la llegada de la democracia, cuando dejaron de tener grandes competencias, por ejemplo en sanidad o en servicios sociales, y el otro ahora, porque -después de mucho tiempo cuestionando a la institución- hoy podemos decir que estamos en un proceso de consolidación y reconocimiento institucional y legal".