El Gobierno de Letta suprime las provincias de la Constitución italiana

El Ejecutivo de coalición de Italia, que preside el socialdemócrata Enrico Letta, aprobó hoy un proyecto de ley constitucional por el que se suprimen las 107 administraciones provinciales de régimen común, eliminando, incluso, la palabra "provincia" de la Constitución italiana.

En una comparecencia al término del Consejo de Ministros, Letta anunció la aprobación de esta medida para dar respuesta a la decisión del Tribunal Constitucional italiano del pasado miércoles, que anuló la reforma del anterior Ejecutivo, presidido por Mario Monti, por haber sido regulada a través de un decreto ley.

El primer ministro explicó que el Ejecutivo tiene intención de "salvaguardar" los puestos de trabajo, a pesar de esta supresión de las provincias, y que espera que para devolver la confianza a los ciudadanos el Parlamento apruebe lo antes posible esta norma, que, dado su carácter constitucional, requiere de cuatro lecturas parlamentarias.

"Era necesario pararse, empezar de cero y volver a empezar con un ordenamiento justo, es decir, con la abolición de la palabra provincia de la Constitución", indicó Letta, en una rueda de prensa retransmitida en directo por televisión.

"Obviamente nos damos cuenta de que esta medida es muy fuerte, porque interviene sobre la Constitución, pero sabemos que no se puede hacer de otro modo. Hacemos una invitación al Parlamento a tener en cuenta la urgencia", agregó.

Este proyecto de ley, que da un plazo de 6 meses desde su entrada en vigor a las regiones para la supresión de las divisiones administrativas provinciales, suprime la palabra "provincia" de los trece artículos de la Constitución que la contienen, como el 114, que quedará del siguiente modo: "La República está constituida por municipios, regiones y el Estado".

Posteriormente, una vez que el Constitucional publique las motivaciones de la anulación de la anterior reforma, una ley se encargará de repartir las funciones que hasta ahora tenían las provincias o bien entre los Ayuntamientos o en un ente que coordine distintos municipios sin coste añadido para las arcas públicas.

Letta explicó que en el caso de las provincias que tienen a corto plazo algún tipo de cita para renovar sus cargos electos y que no hayan sido intervenidas por el Estado por algún motivo habrá algún tipo de regulación específica.

Las administraciones provinciales italianas, que cuentan con 61.000 empleados, cuestan al Estado unos 12.000 millones de euros al año y tienen en su nómina a 4.014 consejeros con varios centenares de asesores a su trabajo, toda vez que sus presidentes cobran entre los 4.000 y los 6.000 euros mensuales.

El Ejecutivo tecnócrata de Monti, llamado en noviembre de 2011 a gobernar Italia en un momento en el que el país se encontraba en el punto de mira de los mercados, aprobó diferentes medidas en el ámbito de la reorganización de las provincias entre 2011 y 2012, para aliviar los costes de la administración y sanear las cuentas.

Pero el Tribunal Constitucional se pronunció ahora, en concreto, sobre los recursos presentados por las regiones italianas contra el decreto conocido como "Salva-Italia", aprobado en diciembre de 2011, con el que se modificaron los órganos de Gobierno de las provincias y se redujo sus competencias.

Y también anuló el decreto aprobado en julio de 2012, que preveía reducir a la mitad el número de provincias, a través de la fusión de aquellas que no cumplieran determinados requisitos como los de tener una extensión de 2.500 kilómetros cuadrados o al menos 350.000 habitantes.