La CE pide clarificar el plan andaluz de expropiación temporal de vivienda
La CE aseguró hoy que no quiere "interferir" en legislaciones adoptadas a nivel regional, pero reiteró que el plan andaluz de expropiación temporal de viviendas puede poner en riesgo los objetivos del rescate bancario español y que ahora depende del Gobierno de España tomar cartas en el asunto.
"Puedo confirmar que se ha enviado una carta de nuestros servicios a las autoridades españolas y, como hemos dicho anteriormente, la CE es plenamente consciente de las dificultades que enfrentan muchos hogares españoles con altos niveles de deuda relacionada con las hipotecas", señaló el portavoz comunitario de Asuntos Económicos y Monetarios, Simon O'Connor, en rueda de prensa.
En la misiva enviada por la Comisión Europea (CE) al Gobierno español, el Ejecutivo comunitario reitera la importancia de que se refuerce la estabilidad financiera como precondición a la recuperación económica y la vuelta al crecimiento sostenible y la creación de empleos, dijo el portavoz.
Explicó que desde la CE "simplemente se ha invitado a las autoridades españolas a que clarifiquen tanto en beneficio de los inversores nacionales como internacionales la situación" jurídica y de coexistencia de legislaciones con respecto a los desahucios.
O'Connor agregó que más genéricamente desde la CE "alentamos" a las autoridades a salvaguardar el objetivo del rescate bancario.
En su carta, la CE se pregunta cómo es posible que coexistan con la legislación española otras "piezas normativas" con rango de ley, una situación que ve "poco clara".
La CE ha pedido al Gobierno español que vele por el restablecimiento de la estabilidad financiera y "evite cualquier medida" que pudiera impedir u obstaculizar seriamente que España logre recuperar la estabilidad financiera, indicó O'Connor.
La respuesta a los temores expresados por la CE corresponde al Gobierno español determinarla, dijo.
"Corresponde a las autoridades españolas ver cómo abordan este asunto", señaló el portavoz, quien no quiso pronunciarse sobre si el decreto andaluz viola el memorando de entendimiento que ha firmado España sobre las condiciones y objetivos del rescate bancario.
"No lo describiría así. Diría que consideramos que el decreto genera riesgos en cuanto al cumplimiento de los objetivos del programa", sostuvo.
El portavoz recordó que la CE ha abordado este asunto en numerosas ocasiones con las autoridades españolas y que el Gobierno de España ha aprobado una legislación nacional sobre desahucios, cuya implementación tiene que ser "vigilada de cerca" por el mismo problema.
Agregó que el Ejecutivo español trata de reconciliar y poner el equilibrio adecuado entre la "importante preocupación" de proteger a los endeudados más vulnerables y por otro lado garantizar la estabilidad financiera.
"La CE no desea interferir en legislaciones adoptadas a nivel regional, pero sí nos preocupa que, finalmente, ese decreto, no se ajuste a ese equilibrio necesario" que busca el Gobierno, señaló el portavoz comunitario.
También reiteró que el decreto andaluz de expropiación temporal de viviendas a entidades financieras para evitar los desahucios a familias en riesgo de exclusión social, podría ser visto como un factor que debilita la calidad de los activos.
Además, la CE está especialmente preocupada por las provisiones sobre las sanciones previstas a bancos e inmobiliarias que no alquilen las viviendas vacías y las expropiaciones temporales, así como por "la falta de claridad sobre la división de responsabilidades entre los distintos niveles" de la administración.
"Tememos que estos factores puedan acrecentar la incertidumbre en el mercado español de vivienda, retrasar su ajuste y desalentar a inversores, lo que con el tiempo puede representar un desafío para la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb)", que debe vender los activos tóxicos inmobiliarios que le han traspasado las entidades financieras, agregó O'Connor.
Es por ello que la CE teme que el principal objetivo del programa de saneamiento de la banca española -que es restaurar su viabilidad y garantizar el acceso a los mercados de las entidades- "podría retrasarse o no producirse" en absoluto, explicó O'Connor.
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