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EMPRESAS TABACO

Cinco comunidades piden que la directiva de tabaco equilibre proteger salud y empleo

El presidente de Extremadura, José Antonio Monago (i); el presidente de La Rioja, Pedro Sanz (2i); el presidente de Cantabria, Ignacio Diego (3i); el director general de Tabacalera, Fernando Domínguez (3d); el presidente de Canarias, Paulino Rivera (2d); el consejero de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, Luis Planas (d), durante la reunión de apoyo al empleo en el sector del tabaco.
El presidente de Extremadura, José Antonio Monago (i); el presidente de La Rioja, Pedro Sanz (2i); el presidente de Cantabria, Ignacio Diego (3i); el director general de Tabacalera, Fernando Domínguez (3d); el presidente de Canarias, Paulino Rivera (2d); el consejero de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, Luis Planas (d), durante la reunión de apoyo al empleo en el sector del tabaco.EFE

Las comunidades de Cantabria, Andalucía, Extremadura, Canarias y La Rioja han reclamado hoy de forma conjunta que la nueva directiva europea sobre el tabaco garantice un equilibrio entre la protección de la salud y la defensa del empleo y la actividad económica en este sector.

Esa reivindicación ha quedado plasmada en una declaración institucional conjunta suscrita en la localidad cántabra de El Bosque (Entrambasaguas), en la que las cinco comunidades muestran su "preocupación" por los efectos que puede tener la revisión de esta normativa sobre un sector estratégico en sus respectivos territorios y que emplea a 56.000 personas en España.

En la declaración institucional, los representantes autonómicos subrayan que comparten los objetivos de la directiva, entre ellos, el de proteger la salud y reducir el consumo de tabaco entre los jóvenes.

Pero insisten en la necesidad de alcanzar un equilibrio entre esos fines y la actividad y el empleo en un sector que, según recuerdan, es también una importante fuente de ingresos a través de impuestos.

En su opinión, la Unión Europea debe "reconsiderar" su propuesta y piden la colaboración del Gobierno español para conseguir que la revisión de la directiva sea "proporcionada" a los objetivos pretendidos.

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