El Senado aprueba la ley que agiliza el desahucio en el alquiler

El pleno del Senado ha aprobado hoy el proyecto de ley de medidas de flexibilización y fomento del mercado del alquiler que, entre otras medidas, agiliza el desahucio y crea un registro de sentencias firmes por impago de renta.

El texto, al que se habían presentado cinco propuestas de veto, ha sido aprobado con los votos del PP, y aún debe volver al Congreso para su aprobación definitiva.

A partir de su entrada en vigor, el arrendador podrá solicitar el procedimiento de desahucio con un solo mes de impago, y una vez que el juzgado remita la notificación, el inquilino tendrá que abonar la deuda o presentar alegaciones en un plazo de diez días.

Al mismo tiempo, con el fin de dar información a los propietarios sobre posibles riesgos al arrendar una vivienda, se creará un registro de sentencias firmes de impagos de renta donde el nombre del deudor permanecerá un máximo de seis años.

Durante su tramitación en la cámara alta, el PP ha introducido enmiendas para eliminar la Renta Básica de Emancipación -que cobran unos 120.000 jóvenes- a partir de la entrada en vigor del nuevo Plan Estatal de Fomento del Alquiler 2013-2016.

En el debate, el senador socialista José María Becana ha criticado que los jóvenes que disfrutan de esas ayudas -147 euros al mes en la actualidad- la perderán y serán expulsados del mercado del alquiler, ya que el nuevo plan incluye el requisito de que el beneficiario -no específicamente jóvenes- no ingrese más de 532,5 euros al mes.

Aunque en un principio se planteó también la supresión con efectos retroactivos de las ayudas de subsidiación de préstamos convenidos -ayudas a los promotores de alquiler social-, el PP rectificó y finalmente mantendrá las que se venían percibiendo y las que, antes del 15 de julio de 2012, contaran con la conformidad del ministerio de Fomento.

La portavoz adjunta de CiU en el Senado, Montserrat Candini, denunció que, pese a esa rectificación, se mantiene la supresión de otras subvenciones al alquiler social que tendrá un "enorme impacto" en las entidades públicas de vivienda vinculadas a la Administración Local y que en el caso de Cataluña suponen 104 millones de euros.

El texto aprobado hoy reduce de 5 a 3 años de la duración máxima del contrato de arrendamiento y de 3 a 1 las prórrogas, y facilita al propietario la recuperación del inmueble en caso de necesidad.

También plantea excluir de la ley de arrendamientos urbanos el alojamiento privado para el turismo, que, según el Gobierno, va en contra de la calidad de los destinos turísticos, de forma que pasen a estar regulados por la normativa sectorial autonómica.

El objetivo es evitar las situaciones de intrusismo y la competencia desleal, tal y como ha denunciado la patronal hotelera.

El senador popular Tomás Pedro Burgos defendió que este proyecto aspira a sacar al mercado del alquiler las más de tres millones de viviendas vacías que hay en España y ofrecer una mayor flexibilidad y libertad de pactos a las partes.

Las propuestas de veto, presentadas por senadores del PSOE, Izquierda Unida, Iniciativa per Catalunya, ERC y PSC coincidieron en criticar que se va a conseguir el objetivo contrario del que persigue, es decir, desincentivar el alquiler, al que hoy se acoge solo el 17 % de la población.