Gobierno luso pide a los mayores astilleros que devuelvan las ayudas dudosas

El ministro de Defensa de Portugal, Pedro Aguiar-Branco, pidió hoy a los astilleros de Viana do Castelo, los mayores del país, la devolución de 180 millones de euros de ayudas estatales bajo sospecha de ser ilegales, para que continúen en activo.

En declaraciones a los periodistas, Aguiar-Branco comentó que esta condición resulta de la investigación levantada por la Dirección General de la Competencia de la UE, que sospecha que los astilleros recibieron ayudas estatales ilícitas entre 2006 y 2011.

Ayer, el Gobierno anunció la cancelación definitiva de la privatización de los astilleros por la apertura de estas averiguaciones, aunque comunicó que se ejecutará la prevista construcción de dos buques asfalteros para Venezuela por valor de 128 millones de euros.

En lugar de la privatización, el ministro recordó que se lanzará un concurso público internacional para vender el navío Atlántida, un ferry con capacidad para 750 pasajeros y 150 vehículos, y se ofrecerá la subconcesión de los terrenos del astillero.

Aguiar-Branco pronosticó que este régimen de subconcesión servirá para absorber el "mayo número posible" de los cerca de 600 empleados de los astilleros, aunque aclaró que no ofrece "garantías" al respecto.

Después de reunirse en Oporto con el ministro, el portavoz de la Comisión de Trabajadores de los astillero de Viana do Castelo (ENVC, por sus siglas en portugués), António Costa, plasmó su preocupación sobre el futuro laboral de la empresa.

Costa refirió que se han sentido decepcionados y preocupados los últimos dos años por la forma en la que el Gobierno ha conducido la situación de los astilleros, con un pasivo calculado en 270 millones y cuya producción ha estado prácticamente paralizada en los últimos tiempos.

Los ENVC pudieron ser vendidos a los rusos de "JSC River Sea Industrial Trading", los únicos competidores en el tramo final del concurso internacional, del que desistieron los brasileños de "Rionave Servicos Navais.

"Continuamos diciendo y afirmando que la empresa es viable y una empresa con futuro", subrayó el portavoz de los trabajadores, quien sugirió que el Gobierno mantenga al menos un capital de entre el 25 y 35 % en caso de que no tenga capacidad financiera para controlarla.

Próximos a la región española de Galicia, los astilleros, controlados por Empordef, el holding de las industrias de defensa portuguesas, fueron creados en 1944 y nacionalizados en 1975, después de la caída del régimen de Antonio de Oliveira Salazar.

En sus casi 70 años de historia, han fabricado navíos militares para la armada lusa y buques de pesca y transporte.