Las preferentes abren un nuevo frente judicial contra Bankia

El informe en el que la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) dice que Bankia perjudicó a algunos de sus clientes al venderles a precios alejados de su valor razonable participaciones preferentes de las que se deshacían otros, ha abierto un nuevo frente judicial contra la entidad.

Solo veinticuatro horas después de que el pasado jueves se conociera el documento -que analiza las operaciones con preferentes de Caja Madrid y Bancaja, ambas en Bankia, entre junio de 2010 y noviembre de 2011- se habían anunciado dos querellas y una demanda civil; y el fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, había comunicado que Anticorrupción abriría diligencias sobre el asunto.

La primera de las querellas se presentará a primera hora de mañana en la Audiencia Nacional y llevará la firma del despacho de abogados Jausas, que en nombre de un grupo de afectados por las preferentes de Caja Madrid acusará de estafa y maquinación para alterar el precio de las cosas al antiguo Consejo de Administración de la caja.

"El informe de la CMNV revela una responsabilidad penal clarísima", ha asegurado a Efe el letrado Jordi Ruiz de Villa, redactor de la querella, que añade que la entidad operó con títulos "que no valían lo que decían que valían, cuando el valor razonable es perfectamente calculable aplicando reglas matemáticas y de mercado".

Ruiz de Villa dice que en la querella apunta a la responsabilidad patrimonial de la CNMV y del Banco de España, ya que considera que el informe de la primera "demuestra hasta qué punto el supervisor bancario conocía lo que estaba sucediendo".

"Ante una invasión masiva de productos destinados a los minoristas, la CNMV y el Banco de España debieron investigar ¿Para qué si no tenemos un regulador?", afirma el abogado, que dice que su objetivo es conseguir "justicia material" mediante la condena de los culpables y el "resarcimiento íntegro" de sus representados.

A la querella de este despacho de abogados seguirá, también en la Audiencia Nacional, la que el pasado jueves anunció UPyD -ya personada como acusación en el caso Bankia, que instruye el juez de este tribunal Fernando Andreu- y sobre la que mañana darán más detalles en rueda de prensa la portavoz del partido, Rosa Díez, y el asesor jurídico de la formación, Andrés Herzog.

El partido político considera igualmente que los hechos relatados en el informe de la CNMV constituyen un delito de estafa y no descarta extender su querella a entidades distintas de Bankia, ya que el supervisor bursátil revisó asimismo los procedimientos de cruce de operaciones de compra y venta de preferentes y deuda subordinada de otros bancos y cajas.

Las actuaciones en la vía penal se completarán con las diligencias que abrirá la Fiscalía Anticorrupción y que, según Eduardo Torres-Dulce, no estarán "en principio" dentro de la causa de Bankia.

Si el Ministerio Público observa indicios de delito en la actuación de Bankia deberá poner el asunto en manos de un juez, aunque también tendrá que cesar en sus investigaciones si antes la Audiencia Nacional admite a trámite alguna de las querellas anunciadas.

El supuesto perjuicio causado por la entidad a algunos de sus clientes también será objeto de demandas civiles, como la que prepara el bufete Zunzunegui Abogados, que se basa en el informe de la CNMV para calcular que los compradores de estos títulos pagaron un sobreprecio de entre 206 y 285 millones de euros.

El despacho asegura en un comunicado que, si su demanda prospera, "los clientes podrían recuperar en algunas emisiones hasta el 75 por ciento del importe, manteniendo la propiedad del producto y las posibles acciones por una mala comercialización".