Portugal congela el gasto público e impone una autorización a los pagos

El Gobierno portugués prohibió hoy cualquier nuevo gasto en las administraciones y servicios del sector público e impuso una autorización especial del Ministerio de Finanzas para pagos imprevistos.

La medida, la más radical aplicada hasta ahora por el Ejecutivo conservador luso con el gasto de los ministerios y dependencias del Estado, es la primera que adopta tras anunciar el domingo pasado nuevos recortes sociales para cubrir 1.300 millones de euros en ahorros que ha declarado ilegales el Tribunal Constitucional.

Un despacho del ministro de Finanzas, Vítor Gaspar, emitido hoy señala que la restricción se mantendrá hasta "nueva orden" del Ejecutivo.

De la congelación solo se salvan tres tipos de gastos de importe variable: los pagos habituales de personal, los generados por los contratos en ejecución, como los pagos de servicios básicos de agua o luz, y las costas judiciales.

Medidas similares, aunque menos radicales, adoptadas anteriormente por el Gobierno luso para no sobrepasar los márgenes de déficit fiscal, generaron situaciones muy criticadas en servicios públicos que debían afrontar gastos imprevistos o superiores a los presupuestados.

Hubo hospitales que se quejaron de no poder renovar equipos y medicamentos, comisarías en las que faltaba el papel, trámites administrativos parados por falta de tinta en las impresoras o películas extranjeras que no podían ser subtituladas y se proyectaban en la filmoteca nacional en lenguas que nadie entendía.

La autorización de gastos no presupuestados en este ejercicio será además "excepcional", según el Ministerio de Finanzas, y en principio solo para partidas que se notifiquen en un plazo tan perentorio que finaliza hoy mismo.

El despacho de Finanzas atribuye la medida a la necesidad de corregir los presupuestos por la sentencia, que el pasado viernes consideró inconstitucionales la supresión de una paga extra a los pensionistas y funcionarios, así como recortes del 5 y 6 % en los subsidios de desempleo y enfermedad.

Según el Ministerio de Finanzas, el dictamen del máximo tribunal luso, al que el Gobierno acusa de poner en riesgo la estabilidad financiera del país, crea "serias dificultades" al cumplimiento de las metas fiscales lusas, comprometidas con la UE y el Fondo Monetario Internacional (FMI) a cambio del rescate.

Por eso, argumenta, es "necesario" tomar medidas que refuercen el control presupuestario y la contención del gasto público para adaptarlo a una "nueva realidad".

El primer ministro luso, Pedro Passos Coelho, reaccionó el domingo a la sentencia con el anuncio de recortes en sanidad, educación, seguridad social y empresas públicas, así como en los gastos de las administraciones.

El Ejecutivo luso revisa ahora contrarreloj qué recortar para equilibrar los presupuestos ante la próxima reunión del Ecofin y una visita extraordinaria de la troika que evaluarán la marcha del programa de asistencia financiera.

Los ministros europeos de Economía y Finanzas (Ecofin) deciden el viernes y sábado en Dublín la ampliación de los plazos de devolución del rescate luso, de 78.000 millones de euros, que Lisboa daba por hecha y ahora considera en peligro por la desconfianza de sus socios ante las consecuencias de la sentencia.

Los técnicos de la troika, compuesta por el FMI, la Comisión y el Banco Central europeos, que concedieron y vigilan la ejecución del rescate, harán un examen extraordinario del cumplimiento de sus compromisos en las próximas semanas, según fuentes oficiales.

De ella depende que el país reciba otro tramo de la ayuda internacional -2.000 millones de euros- que de momento está bloqueado.

Portugal tiene así pocos días para hacer una lista de ahorros que resulte convincente ante los socios y organismos europeos, cuya reacción al dictamen del Constitucional luso ha sido peor que la mostrada en los mercados financieros, donde los intereses de la deuda lusa se han visto poco afectados.

Sin embargo, las declaraciones de autoridades, portavoces e incluso algún ministro europeo no han dejado de recordar al país rescatado, y con toda claridad, que del cumplimiento de sus compromisos depende tanto la mejora de los vencimientos del préstamo como la entrega de sus próximos tramos.