Entidades de gestión creen que con la reforma solo ganan las multinacionales

Las ocho entidades de gestión de derechos de autor han asegurado, en un comunicado conjunto, que el anteproyecto de reforma de la Ley de Propiedad Intelectual aprobado hoy perjudicará "gravemente" a los ciudadanos y beneficiará "considerablemente" a las multinacionales tecnológicas.

Las entidades contestan así al texto del anteproyecto de reforma parcial de la Ley de Propiedad Intelectual al que ha dado hoy luz verde el Consejo de Ministros y en el que, entre otras modificaciones, revisa el concepto legal de copia privada.

La copia privada está definida en España como un límite al derecho de reproducción que ostentan los titulares de los derechos de propiedad intelectual de las obras y prestaciones protegidas.

Este límite permite que determinadas obras divulgadas a la cual haya tenido acceso legal una persona física pueda ser reproducida por ésta, siempre que la copia que obtenga no sea utilizada de forma colectiva, ni lucrativa.

En el anteproyecto aprobado hoy se mantiene que la reproducción por copia privada es la que lleva a cabo una persona física para su uso privado sin fines lucrativos y que no va a ser utilizada colectivamente. Pero se añade la condición de que la reproducción se realice sin asistencia de terceros, es decir, que el copista y el usuario de la copia sea la misma persona.

Por otro lado, se incorpora la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (sentencia Padawan), que excluye del concepto de copia privada a los usos profesionales y empresariales

Para las entidades de gestión, esta propuesta perjudica a los ciudadanos al convertir en ilícitos, prácticamente, todos los actos de copia privada ya que, dicen, solo será legal si la copia se hace de un soporte original o de una señal de televisión pero siempre que dicha copia sea borrada a los pocos días mientras que las realizadas a través de internet serán consideradas ilícitas.

Por el contrario, sostienen las entidades, el anteproyecto beneficia a las multinacionales del sector tecnológico al consolidar un modelo de compensación por copia privada con cargo a los Presupuestos Generales del Estado que supone solo un "precio simbólico".

Al mismo tiempo, dicen, exonera del pago a las empresas que fabrican o importan aparatos y soportes con capacidad de copia o almacenamiento de contenidos protegidos por el derecho de la propiedad intelectual.

"El nuevo modelo de copia privada que pretende consolidar el Gobierno, con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, supone que todos los ciudadanos se ven injustamente e indirectamente obligados a indemnizar un daño que ellos no causan, incluso hayan hecho o no copias privadas" con lo que se convierte en el sistema más restrictivo y contrario" a los intereses de los ciudadanos de toda la UE.

Respecto a la regulación que hace el anteproyecto para un mayor control por parte de la Administración de las entidades de gestión, éstas comparten el objetivo de transparencia pero consideran que muchas de las medidas que se introducen no solo no la garantizan sino que "están claramente dirigidas a perturbar" su gestión.

Por ello, han pedido al Gobierno que se plantee un giro en su política cultural, ya que "de sabios es rectificar", y convoque a los afectados para alcanzar acuerdos que permitan a todos "remar en la misma dirección".