Unánime apoyo Cámara a que la ley alimentaria recoja coste producción leche
El Parlamento gallego ha aprobado hoy unánimemente una propuesta que insta a la Xunta a que pida que la ley nacional alimentaria, en fase de proyecto legislativo, haga referencia al coste de producción de la leche.
La propuesta, presentada por el diputado Antón Sánchez, de Alternativa Galega de Esquerda, prosperó tras cruzarse su propuesta con enmiendas del resto de grupos.
El diputado argumentó que es preciso tratar de que la ley que se tramita en el Congreso especifique, como medida de protección a los ganaderos, un compromiso para que no se les pueda pagar la leche por debajo de los costes de producción, algo en lo que coincidieron el resto de portavoces.
Así, la iniciativa reclama que la ley alimentaria recoja el concepto de coste de producción primario y lo defina técnicamente, supeditando la referenciación del precio en origen, de manera que el precio no pueda ser superior al coste primario vigente.
Se trata de evitar que los productores se vean obligados a vender su leche por debajo de este coste a causa de posiciones de "abuso" de la posición dominante en los mercados.
Igualmente, se aprobó que este coste de producción primaria sea el importe mínimo estimado anualmente por la autoridad competente, en función de informes técnicos solventes.
La propuesta también aboga por que el Ministerio de Agricultura establezca un plan anual de inspecciones en materia de transparencia de la cadena alimentaria y los órganos competentes de las CCAA programarán los controles pertinentes en el ámbito de sus respectivos territorios.
En la misma comisión se rechazó una proposición no de ley que demandaba e impulso de un marco gallego de relaciones entre diversos operadores del sector lácteo para definir medidas y políticas para hacer frente a la situación del sector productor lácteo y a liderar su defensa ante el Estado.
Igualmente, la comisión de agricultura aprobó unánimemente una iniciativa del PSOE que reclama soluciones a los graves problemas de la comunidad de regantes del Val de Lemos, que tiene una deuda contraída con el Ministerio de Agricultura y la Confederación Hidrográfica que compromete su continuidad.
