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BRASIL PETRÓLEO

El Supremo de Brasil suspende cautelarmente la ley de regalías petroleras

La suspensión de la ley se justificó por los "riesgos objetivamente demostrados" que plantea la ley y la dificultad de volver atrás si esta comienza a aplicarse. EFE/Archivo
La suspensión de la ley se justificó por los "riesgos objetivamente demostrados" que plantea la ley y la dificultad de volver atrás si esta comienza a aplicarse. EFE/ArchivoEFE

El Supremo Tribunal Federal de Brasil suspendió hoy de forma cautelar la nueva ley petrolera que plantea un cambio en el reparto de los regalías generadas por la extracción de crudo, informaron fuentes oficiales.

La polémica ley fue aprobada por el Congreso hace dos semanas y establece que las regalías serán repartidas de forma equitativa entre los 27 estados del país, con lo que se reducen los beneficios adicionales que recibían hasta ahora las regiones productoras, en especial Río de Janeiro y Espíritu Santo.

Los gobernadores de estas regiones presentaron un recurso al Supremo al considerar que la nueva ley es "inconstitucional" y pone en "riesgo" su financiación.

La magistrada Carmen Lucia Antunes, encargada de analizar el caso, concedió la suspensión cautelar de los principales artículos de la ley hasta que el pleno del Supremo lo juzgue.

La suspensión de la ley se justificó por los "riesgos objetivamente demostrados" que plantea la ley y la dificultad de volver atrás si esta comienza a aplicarse, según el texto difundido por el Supremo.

El reparto de beneficios generó un pulso político entre el Gobierno y el Congreso, que consiguió imponer el reparto equitativo puesto que la Constitución da la prerrogativa al legislativo en una cuestión de esta naturaleza.

Las autoridades de Río de Janeiro y Espíritu Santo alegan que en las cuencas marítimas de esos estados reposa el 80 por ciento de las reservas probadas de crudo del país, concentradas en el llamado "presal", situado en aguas profundas del océano Atlántico.

Según el Gobierno regional de Río de Janeiro, la nueva ley le causará a ese estado la pérdida de 3.400 millones de reales anuales (unos 1.600 millones de dólares) a partir de este mismo año.

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