La defensora pide ubicar a los afectados por impagos en 10.000 viviendas públicas

La Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, ha constatado que al menos 10.000 viviendas públicas están vacías y disponibles para ser ocupadas, por lo que ha propuesto que sean utilizadas por familias desalojadas por el impago de hipotecas o alquileres.

Durante la comparecencia ante la Comisión Mixta de Relaciones con el Defensor del Pueblo para detallar las actuaciones de la institución durante 2012, Becerril ha presentado un informe sobre la situación de las viviendas públicas, realizado con datos e informaciones proporcionados por las consejerías y organismos de Vivienda de todas las Comunidades y de Ceuta y Melilla.

La defensora ha lamentado la dificultad de las administraciones para recabar esos datos y ha propuesto la creación o la mejora de registros con criterios similares en todas ellas.

"Muchas de las personas que necesitan una vivienda con urgencia podrían beneficiarse de las miles de viviendas públicas que actualmente se encuentran vacías y disponibles", ha dicho Becerril, quien ha sugerido que se haga "con alquileres o costes moderados".

En concreto, el estudio calcula que, sólo contando las que gestionan las comunidades autónomas -es decir más de 250.000 viviendas con algún tipo de protección pública-, aproximadamente 13.500 están vacías, y de éstas 9.752 pueden considerarse disponibles.

Además, el Defensor del Pueblo ha pedido información a diez ayuntamientos con una población superior a 350.000 habitantes. Según la información recibida, estos núcleos de población gestionan 24.055 viviendas protegidas, de las cuales estarían vacías y disponibles por lo menos 427.

Para la institución, "resulta ineficiente y poco aceptable que haya viviendas públicas vacías cuando hay decenas de miles de personas que padecen la falta de una vivienda adecuada".

El informe recomienda que en los registros de vivienda protegida, se incluyan parámetros similares que hagan posible evaluaciones de ámbito nacional.

También propone aumentar la colaboración y coordinación entre las administraciones implicadas; implantar una inspección más eficiente; perfeccionar los procedimientos de adjudicación de viviendas; y favorecer el alquiler de las viviendas públicas frente a la venta.