CEPYME cree que la aplicación del "IVA de caja" llega tarde para muchas pymes

El presidente de la patronal de la pequeña y mediana empresa (CEPYME), Jesús Terciado, cree que la aplicación desde 2014 del "IVA de caja" -que permite pagar el tributo cuando efectivamente se cobra la factura- es positiva, pero llegará tarde para muchos empresarios que se verán obligados a cerrar este año.

En una entrevista telefónica con Efe, Terciado se ha felicitado por la llegada de esta medida, que el Gobierno incluirá en un proyecto de ley que aprobará antes de que acabe marzo y que permitirá a autónomos y pymes con una facturación inferior a 2 millones de euros anuales no pagar el IVA hasta que hayan cobrado las facturas.

No obstante, ha lamentado que esta iniciativa -que formaba parte del programa electoral del PP- no llegará a tiempo para muchas empresas que podrían ser viables y terminarán cerrando en 2013 por esta causa.

Se trata de una "reivindicación histórica" de las pymes y los autónomos, ha subrayado Terciado, aunque en épocas en las que había facilidad de crédito y ventas normalizadas no era una situación "asfixiante".

Sin embargo, en un entorno económico recesivo, en el que las grandes empresas y las administraciones "pagan mal y tarde", la situación "ahoga" a quienes deben pagar el IVA aunque no hayan cobrado la factura.

En este sentido, ha destacado la importancia de que la Comisión Europea (CE) le haya encargado como representante empresarial, junto al presidente de la patronal catalana Fomento del Trabajo, Joaquim Gay de Montellà, que vigilen el cumplimiento de la directiva europea sobre morosidad en España.

"Nuestro papel es denunciar si la directiva sobre morosidad se aplica con rigor a la legislación española", ha explicado Terciado, que ha recordado que la última ley al respecto se aprobó en 2010 pero todavía no está totalmente en vigor.

Además, ha subrayado el hecho de que en España no exista un régimen sancionador para los morosos, algo a lo que obliga la directiva europea.

"Hay una ley magnífica, pero sin régimen sancionador y por lo tanto hay muchos que no la cumplen", ha afirmado.

Por ello, ha dicho que él y Gay de Montellà estarán "muy vigilantes" para detectar qué administraciones y empresas no pagan en tiempo y forma.

Terciado ha recordado que desde 2008, la crisis ha provocado el cierre de 220.000 empresas y la desaparición de 280.000 autónomos, y ha criticado que no se hayan tomado medidas para facilitar el crédito circulante o la inversión.

A su juicio, el Gobierno no ha incidido en el motivo fundamental que ha llevado a la quiebra a muchas empresas: la falta de crédito, el exceso de morosidad y una fiscalidad "absolutamente injusta" con las pymes, unido a que casi han desaparecido las ayudas a la innovación o a la internacionalización.

Para Terciado, el proyecto de ley de apoyo a los emprendedores anunciado por el Ejecutivo debería haberse aplicado hace un año, en lugar de haber sido relegado por el control del déficit, política a la que se ha dado prioridad.

Esa situación ha hecho caer empresas y mucho empleo "no sólo este último año, sino también en los anteriores".

En este contexto, Terciado se ha mostrado "absolutamente en contra" de la recomendación que ha hecho Bruselas a España para que limite más la aplicación de los tipos reducidos de IVA.

Pese a que el ministro de Economía, Luis de Guindos, ha dicho que no se plantea una nueva subida, Terciado ha avisado de que se pueden aplicar otras medidas para controlar el déficit.

Ha recordado que hasta ahora el ajuste de la deuda lo ha hecho el sector privado y que desde que se inició la crisis en 2008 se ha reducido en 233.000 millones de euros la deuda de empresas y familias.

Por el contrario y en el mismo periodo, el sector público ha aumentado su deuda en 500.000 millones, hasta situarse en el entorno del 90 % del PIB, por lo que ha reclamado una "reestructuración" del gasto de este sector.

Al respecto, ha criticado el importante aumento del gasto en personal y actividades en empresas públicas, fundaciones o corporaciones semipúblicas, frente a la "significativa carencia de medios" que hay en sectores como la educación, la sanidad o la justicia.