Opinión
Texto en el que el autor aboga por ideas y saca conclusiones basadas en su interpretación de hechos y datos

Los cortes al salami

En 1999 Repsol compró al Estado argentino y a otros propietarios hasta el 97,81% de YPF por más de 15.000 millones de euros. Entre los vendedores se encontraba el estado de Santa Cruz, que ingresó 600 millones de dólares en la operación, gobernado entonces por Néstor Kirchner. El Estado argentino y sus Gobiernos regionales tenían necesidad de liquidez, y decidieron vender la joya de la corona en un momento de precios bajos del petróleo. Compradores y vendedores se quedaron satisfechos con la operación.

El 1 de marzo de 2002 el Gobierno del presidente Eduardo Duhalde, acuciado por los problemas de la moneda y la economía argentinas, decidió establecer un gravamen del 20% a todas las exportaciones de crudo del país, que poco después fue aumentado al 25%. Empezaba la aplicación de una técnica conocida como “la táctica del salami”: ir cortando poquito a poquito el embutido hasta dejarlo en nada. En el año 2004, el Gobierno argentino, ya bajo la presidencia de Nestor Kirchner, aumentó el impuesto a la exportación de hidrocarburos hasta el 45%, y un par de años después lo elevó al 60%. Finalmente, en abril de 2012, el Gobierno de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner nacionalizó el paquete de acciones de Repsol en una operación anticonstitucional y discriminatoria.

No es de extrañar que los distintos ratings de las obligaciones financieras de Argentina, que tienen en cuenta aspectos como la seguridad jurídica del país, sean las de bonos basura y altamente especulativas. España, a pesar de las degradaciones de su rating, tiene aún calificaciones con grado de inversión, que la sitúan como “moderado riesgo de crédito”, con “adecuada capacidad para cumplir los compromisos financieros”. Perder esta condición es cerrar las puertas del país.

El 12 de marzo de 2004, al día siguiente del atentado más brutal del terrorismo en España, el último Consejo de Ministros de José María Aznar aprobó el Real Decreto 436/2004, preparado por su secretario de Estado de Energía, José Folgado, actual presidente de Red Eléctrica Española (REE). En este texto legal se desarrollaba la Ley del Sector Eléctrico (54/1997) en lo que se refiere al marco jurídico y económico del régimen especial de generación eléctrica, que incluye a las energías renovables. En la introducción, tras argumentar la conveniencia de fomentar estas energías, se justifica el Real Decreto para “…dotar a quienes han decidido o decidan en el futuro próximo apostar por el régimen especial, de un marco regulatorio duradero, objetivo y transparente”. En este sentido, el Real Decreto dotaba a estas energías de un marco retributivo con certidumbre durante la vida útil de las instalaciones, como había hecho Alemania, y harían posteriormente Italia, Francia y otros países en sus regulaciones de apoyo a las energías renovables. Esta modalidad, conocida como feed-in-tariff, era la manera europea de establecer compromisos de remuneración a largo plazo que permitieran la financiación de estas plantas de generación, que no tienen coste de combustible pero sí una alta inversión inicial. En otros entornos geográficos, las energías renovables se financian basándose en contratos de venta de energía a largo plazo entre comprador y vendedor, con o sin intervención del Estado pero fijando el marco retributivo a largo plazo.

La sociedad española está sufriendo una crisis económica profunda, y todos los agentes económicos tienen que aportar su esfuerzo para salir de ella

A partir de ahí, los sucesivos gobiernos del PSOE van modificando el marco regulatorio, primero con los reales decretos 661/2007 y 1578/2008, que modifican los objetivos y las asignaciones de potencia pero no cambian retroactivamente el marco retributivo establecido en el Real Decreto 436/2004 antes mencionado. La retribución a las diferentes tecnologías va reduciéndose a medida que se abaratan los productos, pero siempre aplicándose solamente a las instalaciones nuevas. El Real Decreto 14/2010, también del PSOE, sí que cambia las condiciones de juego y por primera vez incorpora medidas que, disfrazadas de limitación de horas de funcionamiento en las plantas fotovoltaicas, suponen de facto una reducción con efectos retroactivos en la remuneración de la energía vertida. El Senado, para limitar el daño de semejante atropello, introdujo una enmienda en la tramitación de la Ley de Economía Sostenible que modifica el texto del Real Decreto 14/2010, que autorizaba al Gobierno a hacer posteriores modificaciones, en el sentido de que esas modificaciones “…solo afectarán a las instalaciones que no se encuentren en funcionamiento en el momento de la entrada en vigor de dicho Real Decreto”.

Pero abierta ya la brecha, el nuevo Gobierno del PP legisla a la argentina durante el año 2012, incorporando, el 27 de diciembre de 2012, un impuesto del 7% a la generación primero, y el 1 de febrero de 2013, una nueva metodología para la actualización de las tarifas, que ya no será por el IPC, sino por el IPC subyacente.

¿Qué vendrá a continuación? No soy adivino, pero tampoco soy optimista en este punto. Las energías renovables, que eran convenientes y deseables en 2000-2008 han pasado a ser innecesarias e inconvenientes hoy, y por tanto, legislemos cortes al salami, hasta dejarlo exhausto y en la piel. ¿Se imaginan ustedes al Gobierno español dentro de tres años explicándoles a los inversores que compraron bonos a diez años en 2012 que son demasiado caros y que los siete años que quedan van a percibir solo una fracción del interés pactado? ¡Se hundiría el rating español y la confianza de los inversores en nuestro país!

Esto exactamente es lo que está pasando entre inversores nacionales y extranjeros que han puesto su dinero y su confianza en inversiones reguladas al amparo de una ley que garantiza “una rentabilidad razonable” y de unos reales decretos que desarrollaron la ley, que proporcionaban un marco contractual a largo plazo “duradero, objetivo y transparente”.

La sociedad española está sufriendo una crisis económica profunda, y todos los agentes económicos tienen que aportar su esfuerzo para salir de ella. Se pueden entender medidas puntuales y de duración temporal limitada que tengan un impacto en uno o dos ejercicios, pero que no minen la confianza de los inversores y financiadores en el tratamiento de estos activos. Si no es así, estaremos ya en el descenso hacia una situación en la que invertir en activos regulados en nuestro país quede reservado a especuladores y aventureros.

José Galíndez es presidente de Solarpack y expresidente de la Asociación Española Eólica.

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