La CE pide a los países un gasto más eficiente en educación, sanidad y empleo

La Comisión Europea (CE) pidió hoy a los Veintisiete que "mejoren la eficiencia" en el gasto público en políticas como la educación, los servicios de desempleo y la sanidad para las personas mayores, ante el actual contexto de recortes presupuestarios y aumento de las desigualdades sociales.

Esta es la principal recomendación formulada por el Ejecutivo comunitario en su "Paquete de inversión social para el crecimiento y el empleo", una comunicación o conjunto de orientaciones no vinculantes presentada hoy en Bruselas por el comisario europeo de Empleo y Asuntos Sociales, Laszlo Andor.

El objetivo es que los países hagan "un uso más eficiente y efectivo de su gasto social", con vistas a "modernizar sus sistemas sociales" y lograr un "mejor rendimiento de sus políticas de inclusión", explicó el comisario europeo en rueda de prensa.

"El gasto social es fundamental si queremos salir de la crisis más fuertes, más cohesionados y más competitivos", afirmó Andor, quien ha añadido que pese a "las existentes restricciones presupuestarias, los países deben trasladar el foco a las inversiones en capital humano y en cohesión social".

A su juicio, una "inversión social" eficiente y a tiempo "evitará que los Estados miembros tengan que pagar facturas financieras y sociales más elevadas en el futuro".

El paquete presentado hoy incluye orientaciones destinadas a que los países apliquen políticas sociales "simplificadas y mejor adaptadas", según el comisario, quien ha señalado que algunos países "tienen mejores resultados sociales pese a tener presupuestos menores o iguales" para este tipo de medidas.

Para ello, la CE sugiere simplificar y unificar la administración de las prestaciones sociales, sustituyendo la multiplicidad de instancias por "oficinas únicas" que permitan "ahorrar tiempo y dinero" y facilitar el acceso a dichas ayudas, así como por ofrecer servicios de asistencia "individualizada".

También señala la necesidad de reformas en los mercados laborales para hacerlos más accesibles para las mujeres con hijos, los jóvenes y los trabajadores con menor nivel de formación, que son los grupos de población más vulnerables al desempleo.

En la misma línea, pide modificar los sistemas de seguridad social y los impuestos para "evitar que existan desincentivos financieros" para la contratación de este tipo de trabajadores.

Entre otras medidas concretas, Bruselas aconseja generalizar de la enseñanza preescolar, intensificar la lucha contra el abandono escolar temprano y ofrecer una asistencia sanitaria " de calidad y accesible" para las personas mayores, con objeto de que éstas puedan mantener su independencia y alargar su vida laboral.

La Comisión considera que hay margen para lograr una mayor eficiencia del gasto social, por lo que estas recomendaciones "no implican necesariamente que los países aumenten sus partidas presupuestarias" destinadas a estas políticas, señaló Andor.

La CE, además, ofrecerá ayuda financiera específica a los países para desarrollar este tipo de políticas proveniente del Fondo Social Europeo (FSE) dentro del próximo marco financiero plurianual, precisó el comisario europeo.

Actualmente, 120 millones de ciudadanos europeos -aproximadamente uno de cada cuatro- se encuentra en riesgo de pobreza o de exclusión social, según los últimos datos de los que dispone la CE.

Asimismo, el desempleo ha alcanzado una cifra histórica de 26 millones de personas en la UE, que equivale al 10,7 % de la población activa, mientras que entre los jóvenes estas cifras ascienden a 7,5 millones y el 12,9 %, respectivamente.

En el caso de España, el 27 % de la población está en riesgo de pobreza o exclusión social, mientras que en febrero la tasa de paro general fue ascendió al 26,1 %, y la juvenil fue del 55,6 %, según Eurostat.

Antonio Hermosín