Competencia de Cataluña carga contra la normativa comercial catalana

La Autoridad Catalana de Competencia (ACCO) considera que la normativa comercial catalana, marcada por "numerosas restricciones injustificadas a la competencia", no ha logrado proteger al pequeño comercio, cuya supervivencia incluso ha dañado, y ha perjudicado a los usuarios, al empleo y a la economía.

"Los consumidores son los grandes perjudicados por una normativa comercial restrictiva", asegura la ACCO en un informe en el que analiza la regulación autonómica de los últimos 15 años y en el que subraya que en un momento de crisis como el actual sería conveniente contar con una normativa "flexible" que no introduzca trabas a la actividad económica.

La entidad, adscrita a la Generalitat, critica que las "barreras de entrada" establecidas han dificultado, e incluso impedido, la implantación de nuevos establecimientos, sobre todo los de gran formato.

El estudio, al que ha tenido acceso Efe, critica también las restricciones impuestas al ejercicio de la actividad, como por ejemplo la limitación de horarios comerciales o de periodos de rebajas, por entender que merman la capacidad de los operadores para competir.

La ACCO concluye que estas restricciones no han servido para proteger al comercio tradicional y que, incluso, han sido contraproducentes para fomentar su modernización y especialización, factores "clave" para su supervivencia.

Además, la normativa ha provocado una serie de efectos negativos no previstos o no deseados para el sector ni para la economía catalana.

Así, la regulación ha convertido las licencias en un bien "escaso" y ha otorgado a sus propietarios unas rentas "no justificadas por razones de mercado y que pueden inducir a una "fuerte especulación" en el momento de su transmisión.

En cuanto a los efectos sobre la competitividad de la economía catalana, las barreras de entrada han llevado a las empresas a desviar fuera de Cataluña sus inversiones y la consecuente creación de puestos de trabajo.

Además, las restricciones han generado efectos negativos sobre el nivel de precios, al haber menos competencia, y han limitado el crecimiento del formato hipermercado y de los establecimientos de descuento, lo que va "en contra de las preferencias y el bienestar de los consumidores".

Asimismo, la normativa ha otorgado a los operadores implantados "una serie de privilegios no justificados en forma de mayor poder de mercado del que pueden abusar" y ha mantenido "artificialmente" a los establecimientos "ineficientes" que no se han visto presionados a competir.

Por otra parte, no ha permitido a los pequeños establecimientos aprovechar del "polo de atracción" que constituyen los grandes formatos como, por ejemplo, los centros comerciales.

El organismo destaca en su informe que es un "contrasentido" establecer barreras al establecimiento "físico" de tiendas así como restricciones en su ejercicio cuando el comercio a través de internet "no tiene fronteras y está abierto 24 horas al día".

Por ello, considera que para que el comercio físico pueda competir en igualdad de condiciones con el mundo virtual, "hay que dotarlo de mayor flexibilidad".

Según la ACCO, el modelo comercial debería ser consecuencia del modelo de planeamiento urbanístico y territorial "que, seguramente, sería un instrumento suficiente para evitar implantaciones en lugares inadecuados, con mala comunicación con el transporte público o demasiado alejados de zonas densamente pobladas".