Fomento admite fijar la Obligación de Servicio Público en el transporte aéreo

El secretario de Estado de Infraestructuras del Ministerio de Fomento, Rafael Catalá, ha admitido hoy la posibilidad de fijar la Obligación de Servicio Público (OSP) en el transporte aéreo que afecte a las islas Canarias en el caso de que no haya oferta suficiente en el mercado.

En un encuentro con medios de comunicación y de cara a la reunión que mañana mantendrá la ministra de Fomento, Ana Pastor, y el presidente de Canarias, Paulino Rivero, Catalá ha explicado que si las compañías aéreas, en un determinado destino, no garantizan la conectividad y la movilidad, el Gobierno estudiará instrumentos como la OSP, tal y como establece la normativa europea.

Ha recordado, que el Ejecutivo ya ha recurrido a este mecanismo recientemente y se ha referido a la ruta entre Menorca y la Península "o en el pasado con los destinos interinsulares".

El secretario de Estado ha comentado que se trata de poner en marcha mecanismos que garanticen la movilidad de los residentes canarios al tiempo que ha asegurado que se mantiene la política de subvención del 50 por ciento al transporte aéreo de los residentes.

Ha subrayado que el Gobierno está trabajando en una serie de medidas que garanticen las subvenciones públicas y "por ello se han reforzado los mecanismos para acreditar la condición de residente en Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla".

También ha explicado que Fomento trabaja con los datos del Observatorio de Precios para "identificar cuales son las tarifas medias e intentar promover que las compañías aéreas adecúen su política comercial a estas".

En todo caso, ha reconocido, que la decisión última es de la compañía ya que se trata de un mercado liberalizado regido por la libre competencia por lo que no valen pactos o acuerdos.

Catalá ha precisado que el objetivo del Gobierno es garantizar una buena oferta a los ciudadanos y "a cualquiera de los pasajeros que quiera volar a las islas o desde ellas" y ha incidido en que el sistema de subvenciones deberá ser "razonable y racional" porque no se puede "subvencionar con recursos públicos tarifas excesivas".