Afectados por preferentes de Bankia exigen la nulidad general de contratos

Los afectados por las participaciones preferentes de Bankia han mostrado hoy recelos respecto al procedimiento previsto en el acuerdo anunciado el pasado martes por el PP y el PSOE e insisten en que hay argumentos suficientes para pedir la nulidad general de los contratos.

Según indicó a Efe un portavoz de los afectados, sigue siendo obligatorio canjear las preferentes por acciones con una quita y entre el colectivo hay dudas respecto al procedimiento de arbitraje, en concreto sobre el método que se utilizará para determinar quién accederá a él y sobre si realmente recuperarán todo el dinero.

"A todo el mundo le vendieron un producto engañado. La información verbal y la escrita difieren y se produjo un abuso de confianza de los clientes por parte de quienes les asesoraban", señala el portavoz.

Asimismo, consideran inadecuado el canje por acciones, ya que supone caer en el mismo error al cambiar obligatoriamente un producto financiero por otro de renta variable, cuando las personas son las mismas y continúan sin tener conocimientos financieros suficientes.

Los afectados, que ayer ser reunieron con el portavoz de Economía del PSOE, Valeriano Gómez, y el diputado Antonio Hurtado, entre otros, dentro de la ronda que están realizando con los grupos parlamentarios, quieren llevar sus reivindicaciones ante el Fiscal General del Estado para que inicie el procedimiento de nulidad general de los contratos.

Fuentes socialistas conocedoras del contenido de la reunión consultadas por Efe, han dicho que trasladaron a los afectados que el acuerdo alcanzado supone una nueva puerta abierta con la intención de beneficiar al mayor número de afectados posible.

Particularmente, destacaron que el PSOE ha hecho un gran esfuerzo para que en la comisión de seguimiento estén presentes representantes de los afectados a través del Consejo de Consumidores y Usuarios, además de otras instituciones como la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), cuya participación fue solicitada el pasado mes de diciembre mediante una proposición no de ley.

El pasado martes, los grupos parlamentarios del PP y el PSOE alcanzaron un acuerdo para solucionar el problema de las participaciones preferentes que prevé la creación de una comisión de seguimiento que decidirá el perfil de cliente que puede optar al arbitraje con el objetivo de recuperar el 100 % de su inversión.

La comisión fijará los criterios objetivos y el perfil del inversor utilizados en el proceso de filtro de solicitudes y tiene que elaborar un informe sobre la situación de los afectados, que se elevará al Parlamento.