Tres regiones españolas rechazan en Bruselas la liberalización del viñedo

El presidente de La Rioja, Pedro Sanz, la consejera de Agricultura de Castilla La Mancha, Maria Luisa Soriano, y el consejero de Extremadura, José Ramón Echávarri, participaron en un acto de la Asamblea de las Regiones Vitivinícolas (AREV) que reunió a más de 50 territorios.

Sanz explicó, en declaraciones a la prensa, que el objetivo de la reunión es expresar la "voz unánime" de las regiones productoras en defensa de los intereses del sector.

El presidente riojano subrayó que "los derechos de plantación en el modelo actual han servido para buscar el equilibrio entre la oferta y la demanda, para hacer sostenible ese sector y para dar garantía de crecimiento a todas esas regiones y buscar la calidad de vida de sus ciudadanos".

En la reunión de hoy, añadió Sanz, se pedirá a la Comisión Europea "que vuelva a mantener esos derechos de plantación" y se trasladará a los países que no se han posicionado claramente, que la desaparición de los derechos de plantación "puede provocar un prejuicio muy importante al sector, desde el punto de vista económico, cultural, turístico y medioambiental".

Recordó que 15 países, que representan cerca del 98 % del total de la producción, apoyan el mantenimiento del sistema de derechos de plantación, frente a otros más liberales partidarios de la no intervención.

Por último, confió en que se imponga "la sensatez", y subrayó el "cambio sustancial" de actitud por parte del comisario europeo de Agricultura, Dacian Ciolos, ya que ahora hay una "flexibilización" y se plantea la posibilidad de mantener un sistema similar al actual, aunque de momento solo para las denominaciones de origen.

Para Sanz, esto supondría "un problema" porque hay pueblos que no forman parte de esa denominaciones, por lo que "podrían plantar viñedo y provocar un exceso de oferta y una confusión para todos los ciudadanos".

El consejero de Agricultura de Extremadura, José Ramón Echávarri, consideró que el cambio de sistema que se propugna no contribuirá a que la UE pueda competir con países que pueden producir más barato, como China o Chile.

La liberalización, en el caso de Extremadura, segunda región productora en España, "provocaría un importante impacto económico y social", ya que afectaría a 85.000 hectáreas de viñedos y a un sector "que genera mucha mano de obra", señaló.

Sobre la posibilidad de establecer un régimen diferente entre los vinos con denominación de origen y el resto, como estudia la CE, indicó que "todos los experimentos nuevos en una situación que ha funcionado muy bien, es perjudicial".

Por último la consejera de Castilla La Mancha, María Luisa Soriano, indicó que las regiones vitivinícolas "tienen que buscar aliados" en contra de la liberalización del viñedo y recordó que su comunidad autónoma, como mayor región productora de Europa, "tiene que hacer oír su voz".

Valoró además que el Gobierno central apoye las reivindicaciones de las regiones productoras y alertó de las "consecuencias dañinas" desde el punto de vista económico y social que supondría para Castilla la Mancha no dar marcha atrás en el proyectado cambio de sistema.

En el acto, las regiones aprobaron una declaración conjunta que alerta de las "consecuencias nefastas" que la liberalización de los derechos de plantación tendría en ámbitos como la economía, el empleo, la ordenación del espacio rural, el turismo y el medio ambiente.

En particular, alertaron de los riesgos de la "sobreproducción, descenso de los precios, disminución de la calidad, pérdida de notoriedad, desaparición de las explotaciones familiares, deslocalización del viñedo hacia las llanuras, concentración y la industrialización del sector".

Los países favorables a mantener los derechos de plantación son Francia, Alemania, Italia, España, Chipre, Luxemburgo, Austria, Hungría, Portugal, Rumanía, República Checa, Grecia, Eslovaquia, Eslovenia y Bulgaria.