Aplazado el juicio de Sintel para facilitar el acuerdo sobre indemnizaciones

Según informaron a Efe fuentes jurídicas, la Audiencia Nacional ha retrasado la vista hasta el 17 de diciembre a petición de la Fiscalía Anticorrupción, los trabajadores y las defensas de los acusados.

Todos ellos negocian con los acreedores de Sintel, liderados por la Agencia Tributaria y la Seguridad Social, para que no pongan reparos al acuerdo por el que los trabajadores cobrarán 35 millones de euros como compensación por los daños que les causó la quiebra en 2001, a cambio de que los responsables de MasTec (el propietario de Sintel) no acaben sentados en el banquillo.

Los dos organismos públicos, asesorados por el despacho Uría Menéndez, se niegan a retirarse del procedimiento si parte de esa cantidad (la media de 12.000 euros asignada a cada trabajador como indemnización por daños morales) no es incluida en la masa de la quiebra y se reparte entre los acreedores.

Fuentes de la Agencia Tributaria explican que, sobre el papel, esas cantidades no se adeudan a los trabajadores, sino que se trata de indemnizaciones ofrecidas por MasTec que también deberían beneficiar al resto de acreedores.

El argumento es que la empresa y sus acreedores son los perjudicados por los delitos supuestamente cometidos por los propietarios de MasTec y varios exdirectivos.

En virtud de estos argumentos, los 1.800 trabajadores sólo cobrarían unos 18 millones de euros, correspondientes al fondo de pensiones (11 millones de euros) y a los salarios pendientes (algo más de 7 millones de euros), que son las cifras que se comunicaron en su día dentro del procedimiento de quiebra.

El juicio por la quiebra de Sintel en 2001 estaba previsto que comenzara el próximo 5 de noviembre en la Audiencia Nacional, con ocho acusados sentados en el banquillo y peticiones de indemnización de hasta 296,5 millones de euros.

El pacto de los trabajadores fue firmado en agosto con la multinacional, sus propietarios (Jorge y Juan Carlos Mas Santos) y dos de sus directivos (Joel Tomas Citron y José Miguel Sariego).

No obstante, los empleados también prometieron retirar la acusación contra los responsables de Sintel con los que no han negociado por su escasa capacidad económica (Ricardo Campos, Antonio Casanova, Alfredo Flórez y Pedro José Novela).

Todos ellos están acusados de insolvencia punible y en la mayoría de los casos también de apropiación indebida, delito societario y delito contra la Hacienda Pública, con lo que se enfrentaban a penas de prisión de hasta cinco años y seis meses de cárcel.

Sintel fue declarada en suspensión de pagos en 2001 con un déficit de 59,3 millones de euros, después de que Telefónica vendiera la empresa en abril de 1996 al grupo estadounidense MasTec Incorporated, propiedad de la familia Mas, a través de su filial MasTec International.

Según los escritos de acusación, desde el momento de la venta los entonces responsables de la compañía fueron "descapitalizando" Sintel a través de varias sociedades, algunas de las cuales se cree que están domiciliadas en paraísos fiscales, dejando tras de sí a 1.788 acreedores y a 1.828 trabajadores afectados.

En 2001, algunos de estos empleados estuvieron acampados durante más de seis meses en el llamado "Campamento de la Esperanza", ubicado en el Paseo de la Castellana de Madrid, para reclamar el pago de sus nóminas.