Los acreedores de la R-3 y R-5 tienen un mes para comunicar sus deudas

Según el edicto publicado hoy por el Boletín Oficial del Estado (BOE), los deudores de ambas concursadas conservarán las facultades de administración y de disposición de su patrimonio pero sometidas a la intervención de la administración concursal.

A finales de octubre, el juzgado de lo mercantil número 6 de Madrid declaró el concurso voluntario de acreedores de las concesionarias de las autopistas radiales de Madrid R-3 (que une Madrid y Arganda) y de la R-5, entre Madrid y Navalcarnero, y nombró administrador concursal al Ministerio de Fomento.

En concreto, Accesos de Madrid Concesionaria Española, una de las concesionarias de ambas radiales, tiene un pasivo de 1.367,2 millones y un activo de 1.565 millones, lo que arroja un superávit patrimonial de 197,8 millones.

El juzgado madrileño ha nombrado administradora concursal de esta sociedad a Manuela Serrano, abogada del despacho DLA Piper.

Por su parte, Alazor Inversiones, la otra gestora cuenta con un pasivo de 654,8 millones y un activo de 817 millones, lo que arroja otro superávit patrimonial de 162,2 millones.

En este caso, se ha nombrado administradora concursal a la letrada Carmen Díaz de Magdalena.

Estas sociedades están participadas por Abertis, en un 35 %; Sacyr, en un 25 %; ACS, en un 19,6 %; y una sociedad accionarial de la antigua Caja Madrid, en un 20 %.

La caída de los tráficos como consecuencia de la actual coyuntura económica, la existencia -en muchas ocasiones- de vías paralelas libres de peaje y el sobrecoste derivado de las expropiaciones han llevado a muchas autopistas de peaje al borde de la quiebra.

Desde mayo, la AP-41, que conecta Madrid y Toledo; la AP-36, que discurre entre Ocaña (Toledo) y La Roda (Albacete); la R-3, entre Madrid y Arganda; la R-4, cuyo trazado discurre desde la M-50 (Madrid) hasta Ocaña (Toledo); la R-5, entre Madrid y Navalcarnero, y la que discurre entre Cartagena (Murcia) y Vera (Almería), se encuentran inmersas en procedimientos concursales.

Según ha señalado en varias ocasiones el secretario de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, Rafael Catalá, el Ministerio de Fomento investiga los "desorbitantes" sobrecostes derivados de las expropiaciones de terrenos que están afrontando las concesionarias de las autopistas de peaje y reconoció que nueve de ellas se encuentran en una situación complicada.

Asimismo, desde Fomento han reiterado que mientras no se recupere el tráfico de estas vías las alternativas son difíciles y que, en estos momentos, las cuentas de compensación y los préstamos participativos son las "únicas herramientas con las que se puede ayudar de manera financiera a las compañías que operan las autopistas de peaje y que están atravesando problemas económicos".