Los presupuestos sacrifican la inversión para mantener los servicios públicos

"No es el momento de dedicar recursos a obra nueva, ni de hacer autovías ni hospitales sino de mantener el funcionamiento de los servicios públicos" y de "dar soluciones a las personas que le están pasando mal" por la crisis, ha alegado la consejera de Hacienda, Carmen Martínez Aguayo, para justificar que el ajuste presupuestario recaiga en las inversiones.

El proyecto de ley de presupuestos de la comunidad autónoma para el 2013, aprobado hoy por el Consejo de Gobierno y remitido al Parlamento, asciende a 30.706 millones de euros, lo que supone un descenso del 4,1 % respecto a las cuentas iniciales del 2012, ya que éstas sufrieron un ajuste posterior de 2.500 millones en aplicación del plan de reequilibrio para cumplir con el objetivo de déficit.

Las cuentas prevén una caída de la economía andaluza del 1,2 % en 2013 (del 1,4 % en 2012) y el cumplimiento del déficit del 0,7 % del PIB, a pesar del desacuerdo del Gobierno andaluz con ese objetivo, así como un fondo de contingencia, que asciende a veinte millones, para eventuales desviaciones, y al que obliga la ley de estabilidad.

La dotación de las empresas públicas para el 2013 disminuirá un 7 % de media, lo que abre la puerta a ajustes de puestos de trabajo, aunque la voluntad del Gobierno andaluz es que se mantenga el "máximo empleo público posible", ha garantizado.

La consejera ha definido este presupuesto de "resistencia" y de "contraste" con respecto a las cuentas elaboradas por los Gobierno del Partido Popular, pero "en ningún caso de confrontación".

Prueba de ello, según Aguayo, es que la educación es el "corazón" de la política presupuestaria de la Junta, así como el mantenimiento del gasto social y el impulso al empleo de calidad con "políticas competitivas" de I+D+i, de desarrollo industrial y energético y la apertura al exterior.

En el desglose presupuestaria, el capítulo que más desciende (20 %), es el de inversiones, que con 3.814 millones representa un 2,6 % del PIB, nivel que está entre los más altos de las comunidades autónomas, ha destacado.

En su apuesta por el empleo, que globalmente cuenta con una dotación de 370,5 millones, se incluye un plan de choque, de 177 millones y, para combatir la exclusión social, un plan extraordinario que gestionarán los ayuntamientos y dirigido a familias con todos sus miembros en paro, que cuenta con 60 millones, así como programas de solidaridad alimentaria, con 20 millones.

El ajuste presupuestario supondrá para las Consejerías una bajada media de recursos del 10,7 % (2.692 millones) respecto al presupuesto inicial de 2012.

A educación, el presupuesto destina 7.451 millones, el 32,4 % del total, con incrementos en la partida de becas (7 %) y se garantiza la gratuidad de los libros de texto.

Salud y Bienestar Social contarán con 10.086 millones, un 44 % de los recursos totales y se contempla, como en ejercicios anteriores, una subida del 2 % del complemento autonómico a las pensiones asistenciales.

También refuerza la Junta las políticas de igualdad manteniendo todos sus programas, especialmente los de atención a las víctimas de violencia machista, que crece un 9 % y "no se cerrará ninguna casa de acogida".

Las cuentas parten de una importante caída de los ingresos y, en concreto, los no financieros alcanzan 25.865 millones, un 4,3 % menos que en el 2012, debido a la bajada de los fondos procedentes del sistema de financiación autonómica (5,1 %, unos 1.000 millones) hasta contar con 17.899; del fondo de compensación interterritorial (25,5 %) hasta 204,6 millones y de las transferencias finalistas un 9,5 %.

Por el contrario, los ingresos procedentes de los fondos europeos se incrementan un 10,4 % hasta 3.157 millones, en tanto que los ingresos financieros ascienden a 4.840 millones, un 3 % menos que en el 2012, de los que 2.532 millones se destinan a amortizar deuda, con un alza del 75 %, y 2.250 millones a endeudamiento neto (1.028 millones será deuda nueva), que baja un 30,4 % para cumplir el techo fijado por el Gobierno central.

Para intentar contrarrestar la merma de ingresos se reforzará el plan de lucha contra el fraude fiscal, con el que prevé incrementar los recursos un 12 %, y se hará un seguimiento más estrecho de los beneficios fiscales y se revisarán en detalle las declaraciones de la renta con liquidaciones superiores a los 100.000 euros.

En cuanto a los gastos, los no financieros suman 28.107 millones, un 7,2 % menos, y dentro de éstos los corrientes bajan un 4,6 % hasta 24.293 millones; los de personal se reducen un 8,3 % y los de bienes y servicios un 10 %.

Los gastos financieros se elevan a 2.599 millones, un 50,7 % más para hacer frente en su mayor parte (2.579 millones) a las amortizaciones de deuda de años anteriores.