Nicaragua y filial de Gas Natural negocian sobre pérdidas, según embajador

Por un lado la filial nicaragüense de Gas Natural Fenosa exige al Gobierno sandinista una solución al problema de la evasión en el pago de electricidad y a la sustracción de energía, dijo a periodistas el embajador de España en Managua, León de la Torre Krais.

Por el otro, el Estado nicaragüense ofrece un subsidio para amortiguar parte de las pérdidas por fraude, sin embargo, demanda a la filial de la compañía española, dueña de las distribuidoras eléctricas Disnorte y Dissur, las cuales distribuyen la energía eléctrica en Nicaragua desde 2000, a que invierta más.

Según el embajador español, la distribuidora de energía alega que las pérdidas por fraude en el servicio, de hasta 50 millones de dólares anuales que dejan de percibir en facturación, "hacen inviable la continuidad de la empresa en las condiciones actuales".

En tanto, el ministro nicaragüense de Energía y Minas, Emilio Rappaccioli, dijo que esperan que la distribuidora opere de manera apropiada, asuma costos, invierta más y dé buena atención a los clientes, según publica hoy el diario La Prensa, de Managua.

Nicaragua alega que la distribuidora de la energía está obligada a invertir para resolver el problema del fraude.

"Creo que (ambas partes) están en un momento, probablemente, decisivo, y se sabrá si se llega a un acuerdo o no muy pronto", indicó el diplomático español, quien dijo que en "una negociación, los dos presionan".

La multinacional eléctrica española cedió al Estado nicaragüense, en mayo de 2008, el 16 % de las acciones de su filial en Nicaragua como pago de una deuda por 11,5 millones de dólares, y un asiento en el consejo de administración de su filial en Managua.

La filial nicaragüense de Gas Natural Fenosa es dueña de las distribuidoras eléctricas Disnorte y Dissur, las cuales distribuyen la energía eléctrica en Nicaragua desde 2000, durante un período de 30 años.

Sobre la posibilidad de que el Estado nicaragüense compre más acciones, el embajador español dijo desconocer esa intención.

"Por lo que he escuchado, y sólo me remito a las reacciones de las autoridades y portavoces del Gobierno de Nicaragua, siempre se ha dicho que no, que no están interesados en estatizar (comprar)", ni "en asumir la responsabilidad de la distribución energética", señaló.

Las distribuidoras Disnorte y Dissur poseen el 74 % de las acciones, 16 % el Estado de Nicaragua y el resto socios locales, entre ellos trabajadores y extrabajadores, según datos de la compañía.