La defensa de extrabajadores de PDVSA denuncia "persecución política"

El abogado de algunos de ellos y presidente de la ONG Foro Penal Venezolano, Alfredo Romero, dijo a Efe que el proceso que lleva la Contraloría es en realidad "de persecución administrativa que puede dar paso a una persecución penal".

"Todo esto es parte de una persecución política", agregó.

Entre diciembre de 2002 y febrero de 2003, una huelga impulsada por la oposición para presionar al presidente Hugo Chávez a renunciar prácticamente paralizó la petrolera y derivó en el despido de la mayor parte de la directiva de Pdvsa y de unos 20.000 empleados.

El Gobierno del presidente Chávez ha calculado en 19.000 millones de dólares las pérdidas por el paro, y, según el abogado y activista, "lo pretenden dividir entre los 185 acusados, con lo cual cada uno debería pagar más de 100 millones de dólares, cifra exagerada, absurda a todas luces".

Romero recordó que el proceso comenzó en 2006, cuatro años después del paro petrolero, y que desde el pasado jueves se han emitido "15 decisiones administrativas diariamente".

La primera de las sanciones se conoció el pasado 18 de octubre y afectó a once de los 185 trabajadores expulsados.

Se prevé que "esta acusación administrativa de primer nivel, de primer grado, concluya en unas dos semanas", añadió Romero.

El presidente de Pdvsa y ministro de Petróleo y Minería, Rafael Ramírez, dijo a mediados de 2005, antes de que la Contraloría comenzara el proceso contra los 185 acusados, que el paro petrolero fue "un crimen contra el pueblo".

La plantilla de la petrolera de entonces bordeaba los 40.000 empleados, de los que cerca de 20.000 fueros despedidos por secundar la huelga, entre ellos los 185 que fueron cesados personalmente por Chávez.