El congreso aprueba la segunda reforma financiera con el apoyo del PP

La votación de la toma en consideración de las enmiendas se saldó con el voto favorable de 191 diputados, mientras que 95 votaron en contra y 20 se abstuvieron.

La diputada del PP Irene Garrido Valenzuela comentó esta tarde en el debate que el grupo popular iba a "apoyar las medidas adoptadas por el Gobierno porque tienen por objetivo solucionar problemas generados en el pasado y devolver la credibilidad en el sistema financiero y en la economía".

Garrido Valenzuela defendió las tres reformas financieras aprobadas por el Gobierno en febrero, mayo y agosto porque facilitarán el saneamiento del sector y, junto a los Presupuestos, permitirán volver a crecer a la economía española y a crear empleo.

Por su parte, el diputado del PSOE Valeriano Gómez manifestó que su grupo votará en contra de esta norma porque no ha servido para sanear al sector, al igual que el resto de las reformas aprobadas por el Gobierno en el plazo de seis meses, que han sido improvisadas y carentes de estrategia.

Gómez, que precisó que este proyecto legislativo nació tras la crisis de Bankia, acusó al Gobierno de poner en situación de quiebra a la mitad del sector financiero y de aumentar la restricción del crédito, al tiempo que renunciaba a adoptar medidas para mejorar la situación de las familias con deudas hipotecarias o afectados por las participaciones preferentes.

El diputado del grupo Izquierda Plural Alberto Garzón comentó que también votarán en contra del proyecto de ley recibido del Senado, que consagra "la socialización de las pérdidas del sistema financiero" y garantiza el cobro a la banca acreedora alemana y francesa.

En su opinión, el "Gobierno declara que su prioridad es la banca y no la economía, el empleo o la ciudadanía", como ha demostrado con el aumento de las ayudas públicas al sector financiero de 8 al 20 por ciento del PIB durante la crisis.

El diputado de CIU Josep Sanchez Llibre lamentó que no se hubiera aprovechado durante la tramitación de este proyecto de para forjar un gran acuerdo entre todas las fuerzas políticas que solucionara problemas como el de las participaciones preferentes, la asistencia financiera a pymes y autónomos o la regulación de los salarios de los directivos de las entidades intervenidas.

El diputado de UPyD Álvaro Anchuelon reprochó que se hubieran rechazado sus enmiendas a esta norma porque habría ganado en "contenido", ya que aportaban propuestas para recuperar las ayudas públicas dadas a la banca, establecer un parque público de vivienda en alquiler, reformar los organismos de defensa de los consumidores financieros o solucionar el problema de las preferentes.

Este proyecto ley surgió de un real decreto (18/2012, de 11 de mayo) del Gobierno destinado a aumentar las provisiones del sector financiero, por el que tendrían que reservar unos 40.000 millones de euros para activos inmobiliarios "sanos", y que aceleraba los plazos para fusiones en el sector.