La Fiscalía recurre el auto judicial que rechaza la nulidad de las preferentes

El autor judicial argumentaba la "supuesta falta de legitimación del Ministerio Fiscal para ejercitar las citadas acciones".

El recurso, hecho público hoy por la Fiscalía, advierte de que el auto judicial "podría estar rechazando la posibilidad de tutelar los derechos de los ciudadanos, o cualquier legitimado en el procedimiento".

La Fiscalía entiende que en el auto se hace una interpretación excesivamente restrictiva de la legitimación de este órgano judicial para ejercitar las acciones de cesación, resarcimiento y nulidad de los contratos, y que se trata de una acción colectiva de intereses difusos.

"Rechazar las pretensiones de cualquier sujeto, fundándose en causas no reconocidas de modo expreso y claro en el texto de la ley supone un exceso en el ejercicio de la jurisdicción", destaca el recurso.

Reclama que se "declare el exceso de jurisdicción en que ha incurrido el auto recurrido, de modo que se deje sin efecto, admitiendo la demanda en todas sus pretensiones, y con los efectos procesales que de ello se desprendan".

En otro caso, interesa que se estime la legitimación del Ministerio Público a fin de actuar en la forma que se hace en la demanda.

El auto judicial rechazaba las peticiones de nulidad y de resarcimiento de los perjudicados interesadas por la Fiscalía, aunque sí admite a trámite la solicitud fiscal de cesación de las posibles prácticas abusivas en los contratos de comercialización suscritos por las entidades demandadas.

En caso de que no prospere el recurso de la Fiscalía en defensa de su demanda colectiva los afectados podrían acudir individualmente a los juzgados.

La Fiscalía sostiene que lo que pretende la acción colectiva es concentrar todas las reclamaciones en un único juzgado para no llenar Galicia de pleitos,

La Fiscalía Superior de Galicia demandó el pasado mes de julio a a Novagalicia Banco (NGB) por la venta de participaciones preferentes y solicita que se condene a la entidad por "prácticas abusivas", además de establecer como medida cautelar el depósito de 1.108.760.000 euros.

Este depósito equivaldría a las cantidades obtenidas por la entidad financiera gallega como consecuencia de las "prácticas abusivas" denunciadas, ya que se calcula que los afectados en toda la Comunidad autónoma superan los 40.000 con una media de 27.719 euros por inversor.

La demanda persigue "una acción civil de cesación dirigida a poner fin a una práctica abusiva contraria a la normativa protectora de los consumidores".

A esta acción de cesación se acumula otra de resarcimiento con la que se pretende la devolución de las cantidades invertidas en el producto de las participaciones preferentes.

Esta acción de cesación está contemplada en la Ley de enjuiciamiento civil y en la legislación específica de consumo.

La Fiscalía entiende que se vendió este producto "a personas analfabetas, discapacitadas e incluso menores a través de las figuras de un tutor", casos que han sido derivados a la vía penal por si se produjo falsedad documental.

La demanda exige a la entidad financiera que cese en esa práctica y que se comprometa a evitar en el futuro cualquier actuación que no responda a una "ajustada" información suficiente, adecuada, comprensible y adaptada a las circunstancias del inversor en materia de participaciones preferentes.

En segundo lugar, la demanda persigue que se declare la nulidad de los contratos suscritos como participaciones preferentes en los que se produjo un defecto o una información insuficiente no adaptaba al perfil del cliente.

Solicita también que se restituyan las cantidades invertidas en este producto con indemnizaciones en su caso de daños y perjuicios causados.