España se une a otros diez países para introducir una tasa a los bancos

El comisario europeo de Fiscalidad, Algirdas Semeta, explicó en el debate público sobre la llamada "Tasa Tobin" celebrado en el Consejo de Ministros de Economía de la UE que cuatro estados miembros anunciaron que quieren participar en la cooperación reforzada, para la que se tienen que unir al menos nueve países.

Con ellos "llegamos a once países, más que suficientes para iniciar la cooperación reforzada", afirmó Semeta.

Fuentes comunitarias indicaron que esos últimos cuatros estados en incorporarse a la cooperación reforzada son España, Italia, Estonia y de Eslovaquia.

Los dos primeros países en impulsar la iniciativa fueron Alemania y Francia, que enviaron formalmente su solicitud el pasado 28 de septiembre a la Comisión Europea (CE) y remitieron una misiva a los demás socios comunitarios para pedirles que se sumaran.

Pocos días después, también Austria, Bélgica y Portugal completaron el procedimiento ante el Ejecutivo comunitario, a los que sucedieron Eslovenia y Grecia.

La cooperación reforzada se basaría en principio en la iniciativa presentada por la CE, que plantea gravar con un mínimo del 0,1 % las transacciones con acciones y bonos, y con el 0,01 % las operaciones con derivados, aunque también se puso sobre la mesa la posibilidad de establecer una tasa por etapas, comenzando por una que excluya los derivados.

A partir de ahora los Estados miembros interesados tienen que formular una petición a la Comisión Europea detallando el alcance y los objetivos de la cooperación reforzada y Bruselas estudiará la propuesta para garantizar que cumple las condiciones necesarias.

Después y en línea con la que ya estaba sobre la mesa al Consejo, la CE tendría que hacer una propuesta a aprobar por mayoría cualificada de los Veintisiete.

El Parlamento Europeo tendría que dar también su consentimiento.

Semeta se refirió a que aún está por acordar la fecha en que se presentará la propuesta, aunque sí aseguró que está dispuesto a actuar con "rapidez" una vez tenga todas las cartas formales.

La presidencia chipriota de turno afirmó que los ministros volverán a dar seguimiento al procedimiento en noviembre.

El comisario europeo también explicó que los Estados miembros "podrán gastar este dinero como mejor les parezca", pero recordó que en su proyecto de presupuesto plurianual para 2014-2020 la Comisión Europea propuso que parte de la tasa a las transacciones financieras se utilice para sufragar los recursos propios de las cuentas europeas, pero reduciendo a la vez las contribuciones de los países.

Dos tercios irían a parar a las arcas europeas y un tercio al presupuesto nacional.

El Reino Unido, que cuenta en Londres con el principal centro financiero del continente, dejó clara su oposición frontal a la iniciativa, una postura compartida por otros países como Suecia.

El ministro británico de Economía, George Osborne, aseguró hoy, sin embargo, que su país no obstaculizaría la cooperación reforzada, al igual que Polonia.

"No estamos contra la tasa a servicios financieros, pero nuestra posición es que solo consideraríamos un viaje así si otros centros financieros del mundo como Singapur, Hong Kong, Shangai y Nueva York, también la tuvieran", reiteró Osborne.

Recalcó que antes de poder dar su aprobación a la cooperación reforzada, tiene que ver la propuesta concreta de los demás países, pues considera que hay puntos abiertos como los referidos a su alcance (si incluye acciones, derivados y transacciones en divisas) y su impacto en el Mercado Único de la Unión Europea.

Osborne recordó que un estudio de la CE calculaba el impacto negativo de esa tasa entre el 1,5 % y el 3 % sobre el Producto Interior Bruto (PIB), al tiempo que consideró que tampoco está claro qué va a pasar con las recaudaciones, pues Alemania quiere que ingrese en sus propias arcas.

Semeta corrigió a Osborne al asegurar que el análisis más reciente de la Comisión Europea "dice que si la recaudación se invierte de forma inteligente, el efecto económico puede acabar siendo positivo".

Según la CE, la tasa propuesta generaría unos 57.000 millones de euros al año y podría alcanzar hasta 81.000 millones de euros en 2020.