Hacienda pide a las CCAA priorizar servicios básicos y reducir gasto innecesario

"Deben centrarse en educación, sanidad y servicios sociales y el resto en estos momentos sobra", ha recalcado Beteta en declaraciones a los medios tras reunirse con miembros del grupo popular en el Congreso para hablar sobre los presupuestos generales del Estado de 2013, que se registraron ayer en la Cámara Baja.

Preguntado por las críticas de comunidades como Andalucía, Baleares y Canarias por rebajar las transferencias, Beteta ha dicho que comprende que "cuando el traje se vuelve estrecho todo el mundo quiere que sea más ancho", pero en el actual contexto de crisis lo que deben hacer, ha dicho, es ejecutar sus planes económico-financieros y reducir empresas públicas.

Al respecto, ha recordado que el Ministerio de Hacienda está realizando un seguimiento y "una monitorización permanente de la norma".

En lo que se refiere a las disposiciones adicionales de los estatutos de autonomía "se respetan en los términos en los cuales los ha interpretado el Tribunal Constitucional", ha dicho Beteta, en el sentido de que "es competencia de las cortes generales concretar según la situación económica cuales son las cantidades" que corresponden.

"En atención a esa priorización de las pensiones, la sanidad, la educación y los servicios sociales, ha habido que reducir la inversión, y en consecuencia no procedía anotar las cantidades que algunas comunidades reclaman", ha añadido.

Lo que ha dejado claro es que las comunidades "ven garantizada su financiación corriente" a través de los Presupuestos y en las entregas a cuenta, "que se pagarán en tiempo y forma tanto en la liquidación de hace dos años como a través de esos mecanismos extraordinarios de financiación como el fondo de liquidez autonómica".

El secretario de Estado -que ha destacado que el presupuesto de 2013 es "serio, riguroso y creíble"- ha subrayado asimismo que en atención a que ocho de cada diez euros del gasto autonómico van dirigidos a servicios básicos su reducción ha sido mucho menor a la que por ejemplo se ha aplicado al gasto ministerial (8,9 %).