Llegan hoy al Congreso unas cuentas austeras marcadas por el alza de la deuda
![El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, durante una intervención en la sesión de control al Gobierno. EFE/Archivo](https://imagenes.elpais.com/resizer/v2/5N2T2HVIYFOEIY73DBMKQYMMLA.jpg?auth=3a17169c54d80543566406d69a8ea062d36e7f56bdee34f951f4b2d64f74ef11&width=414)
Esta es una de las tres únicas partidas cuya dotación crece en las cuentas del próximo año, además de las pensiones, que aumentarán el 1 %, y las becas, cuyo incremento aún se desconoce.
Las dificultades que ha encontrado España para financiar su deuda en los mercados, como consecuencia de las incertidumbres en torno al euro, han obligado al Estado a aumentar en más de 9.000 millones de euros la partida destinada a pagar los intereses de la deuda.
Por esta razón, el límite de gasto en el que puede incurrir el Estado el próximo año ha aumentado un 9,2 % respecto al anterior presupuesto (hasta 126.792 millones), a pesar del proceso de reducción del déficit público en el que está inmerso el Ejecutivo.
Al respecto, el Gobierno no duda de que logrará reducir el desequilibrio de las cuentas públicas al 6,3 % del PIB este año y al 4,5 % el próximo.
Para ello ha acometido una reducción global del gasto del 7,3 %, ya que el relacionado con el personal caerá el 3,9 % por la congelación de los salarios y la oferta de empleos públicos, en tanto que los Ministerios ajustarán una media del 8,9 %.
Frente a los recortes, la garantía de que los trabajadores públicos volverán a tener dos pagas extra (tras suspender la de diciembre en 2012) y las pensiones subirán el 1 %.
La financiación del gasto social (principalmente pensiones y desempleo), que se llevará el 63,6 % del presupuesto de gasto (excluida la deuda pública), será posible por el incremento del 4 % de los ingresos gracias al efecto de las subidas de impuestos.
Al respecto, el Gobierno ha decidido prorrogar el impuesto sobre el patrimonio y adoptar un nuevo gravamen del 20 % para los premios de Loterías, Cruz Roja y la ONCE superiores a 2.500 euros, entre otras.
Por otra parte, la falta de cotizantes a la Seguridad Social como consecuencia de la recesión y el desempleo ha llevado al Ejecutivo a renunciar a sus planes de rebajar un punto las cotizaciones sociales que las empresas pagan por sus trabajadores.
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