Chile busca en China y Corea opciones para construir un puente de 2,6 Kilómetros

Antes de partir, Golborne destacó que este mismo sábado se publicaron en el Diario Oficial los requisitos de calificación para el registro de contratistas interesados en el proyecto, cuya inversión asciende a unos 740 millones de dólares.

Se trata de un puente, presumiblemente colgante, que unirá a través del Canal de Chacao el territorio continental de Chile con la Isla Grande de Chiloé, en la región de Los Lagos, a unos 1.100 kilómetros de Santiago, que constituye un antiguo sueño de los habitantes de ese territorio insular.

En la actualidad, el tráfico de vehículos entre ambos puntos se realiza a través de un servicio de transbordadores cuyo funcionamiento depende en buena parte de las condiciones meteorológicas en la zona, de clima lluvioso.

Golborne, cuya agenda incluye la visita a cuatro puentes en China, y dos en Corea, viajó junto a una delegación oficial de parlamentarios y autoridades de la Región de Los Lagos y de representantes de 16 empresas, cuyo objetivo es generar lazos y desarrollar acuerdos con sus pares asiáticos.

Para ello, se reunirán en Pekín con ejecutivos de una veintena de empresas locales y en Seúl con representantes de diecisiete firmas surcoreanas.

En la capital china Golborne expondrá a empresarios chinos las oportunidades que ofrece Chile en inversión en infraestructuras".

También se reunirá con los ministros chinos de Comercio, Chen Deming, y de Transporte, Li Shenglin, mientras en Seúl tiene previsto reunirse con el Ministro de Tierras, Transporte y Asuntos Marítimos, Joo Sung-ho.

"El viaje nos permitirá conocer las mejoras y detalles técnicos que las industrias chinas y coreanas han introducido en el diseño y construcción de puentes", añadió el ministro más popular del equipo del presidente Sebastián Piñera y señalado como "presidenciable" para las elecciones de finales del 2013.

La construcción del puente la propuso en 2005 el entonces presidente de Chile Ricardo Lagos, con una inversión de 650 millones de dólares, pero al año siguiente fue desechada por el gobierno de Michelle Bachelet debido a que los cálculos del coste se habían elevado a 970 millones de dólares.