Los jueces declaran disuelta Clesa con un déficit de 681 millones
Los magistrados decretan también el vencimiento anticipado de los créditos concursales aplazados
El Juzgado de lo Mercantil número 6 de Madrid ha abierto la fase de liquidación del concurso de Clesa a petición de la propia compañía, según publicaba este martes el Boletín Oficial del Estado. Los magistrados declararon disuelta la sociedad que integraba el Grupo Nueva Rumasa con un déficit patrimonial de 681,02 millones de euros.
Los jueces decretaron también el vencimiento anticipado de los créditos concursales aplazados y la conversión en dinero de aquellos que consistan en otras prestaciones.
El pasado abril, el mismo juzgado ordenó el embargo preventivo contra el empresario José María Ruiz-Mateos y sus tres hijos José María, Álvaro y Francisco Javier. Los jueces consideran a la familia responsable de la situación de insolvencia de la empresa láctea, que contaba con unos activos de 250,71 millones de euros, frente a 981,74 millones de pasivo.
La láctea contaba con unos activos de 250,71 millones de euros, frente a 981,74 millones de pasivo
En un auto de finales de marzo, el juez alude a la “previsible calificación culpable del concurso”, al sostener que el fundador de Nueva Rumasa y sus tres vástagos, en cuanto administradores de Clesa, realizaron actos “que determinaron y agravaron la situación de insolvencia” en los dos años anteriores a la declaración de la suspensión de pagos de la empresa.
Ruiz-Mateos y sus seis hijos varones están citados a declarar este miércoles en el Juzgado de Instrucción número 3 de Palma para la venta de un hotel de Torremolinos, de propiedad de los encausados, a la mercantil Clesa, del mismo grupo. Esta operación, según el querellante, tenía como objetivo obstaculizar el posible embargo del inmueble. Los jueces investigan también una hipoteca de 19 millones de euros sobre otro hotel de la familia.
Los imputados ya habían rechazado comparecer ante los magistrados, alegando que no podían desplazarse hasta la capital balear debido a su “precaria” situación económica, una circunstancia que la juez instructora del caso no considera acreditada.
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