España propondrá a Sáinz de Vicuña para sustituir a Páramo en el BCE

España propondrá al actual abogado general del Banco Central Europeo, Antonio Sáinz de Vicuña, para sustituir a José Manuel González Páramo en el consejo ejecutivo del instituto emisor europeo, según fuentes del Ministerio de Economía. El actual representante español en el máximo órgano de gobierno del BCE, compuesto por seis personas, concluye su mandato el 31 de mayor. Aunque el Ejecutivo cuenta con el apoyo de Francia para seguir ocupando una de estas seis sillas, no está asegurada su permanencia.

Sáinz de Vicuña (Barcelona, 1948) ocupa el cargo de director del servicio jurídico del BCE desde 1998, a donde llegó desde su antecesor, el Instituto Monetario Europeo y en el que empezó a trabajar en 1994 tras unos años en el sector privado. Es abogado del Estado y también dirige el departamento jurídico del ESCB, el sistema europeo de bancos centrales.

En estos momentos, el consejo ejecutivo del BCE está compuesto por dos alemanes, Peter Praet y Jörg Asmussen, mientras el resto de sus componentes provienen de países del sur de Europa con un presidente italiano, Mario Draghi, un vicepresidente portugués, Vítor Constâncio, un francés, Benoît Couré, y González Páramo. Este desequilibrio, que además de geográfico tiene tintes ideológicos en la medida en que los países del norte son más próximos a las tesis de Berlín, podría dificultar las aspiraciones españolas de mantenerse en el consejo donde se toman las decisiones sobre los tipos de interés o el programa de compra de bonos del BCE.

Además, la reciente rebaja de la triple A decidida por S&P sobre Francia corre también en contra de España, ya que solo uno de los cinco países presentes en el consejo conserva esta especie de matrícula de honor de la solvencia.

Por tanto, los países más próximos a la ortodoxia de Alemania y a su prioridad de controlar la inflación -único mandato oficial del BCE- o mantener limitada la compra de bonos -lo que es perjudicial para los periféricos-, podrían acabar por imponer la entrada de algunos de los Estados que mantiene la AAA como Holanda, Luxemburgo o Finlandia, pese a que el tamaño de sus economías es inferior.

La salida del máximo órgano del BCE supondría un varapalo para España, que ha ocupado este puesto desde la puesta en marcha del organismo haciendo valer su condición de cuarta potencia del euro.