Las empresas con trabajadores irregulares sufrirán multas de hasta 100.000 euros

El Gobierno sancionará a partir de hoy a las empresas que empleen a trabajadores de forma irregular con multas que pueden alcanzar hasta 10.000 euros, cuantía superior en cinco veces a las actuales. Hoy, 1 de agosto, ha finalizado el periodo de regularización voluntaria del empleo sumergido previsto dentro del plan que el Consejo de Ministros aprobó el pasado 29 de abril.

El ministro de Trabajo e Inmigración, Valeriano Gómez, siempre ha defendido que el plan persigue recuperar el mayor número de cotizantes posibles, y que no conllevaría ningún tipo de amnistía, puesto que los empresarios sólo podrán acceder a bonificaciones y ayudas una vez que den de alta en la Seguridad Social a los empleados sumergidos.

El plan establece que una empresa que incumpla la obligación de alta de un trabajador en la Seguridad Social tendrá a partir de hoy una sanción mínima de 3.126 euros, cinco veces superior a la actual de 626 euros, y máxima de 10.000 euros, frente a los 6.250 euros actuales. Cuando el trabajador compatibilice el cobro de la prestación por desempleo con trabajos sin declarar, la empresa verá incrementada la sanción mínima de 6.251 euros a 10.000 euros, mientras que la máxima se mantendrá en los 187.515 euros.

Además, la iniciativa comprende una intensificación de la actividad y la eficacia de las actuaciones de vigilancia y control del trabajo no declarado por parte de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en el marco de las distintas acciones emprendidas contra el fraude en los últimos años. En esta misma línea, el plan incluye la realización de campañas de sensibilización pública.

Fuentes del Ministerio de Trabajo han avanzado que el departamento dirigida por Valeriano Gómez facilitará a partir de septiembre los primeros resultados del plan. En cualquier caso, el ministro ya avanzó que una forma de conocer los efectos de las medidas sería ver si la afiliación a la Seguridad Social aumentó de mayo a agosto.

Pese a las buenas expectativas del Gobierno, UGT asegura que la medida no tendrá éxito si no aumentan los recursos dedicados a la inspección de trabajo. La secretaria para la Igualdad de UGT, Almudena Fontecha, ha señalado a través de un comunicado que "es muy difícil pensar en la efectividad de un plan que no tiene recursos para su control en relación con la inspección de trabajo". Según UGT, España es el país de la Unión Europea con menos efectivos dedicados a la inspección de trabajo en relación con la población activa.