Almunia recomienda limitar el gasto de las comunidades autónomas por ley

El comisario de Competencia, el español Joaquín Almunia, ha considerado hoy conveniente que las comunidades autónomas españolas introduzcan lo antes posible una norma de límite del gasto "legalmente vinculante" para contribuir a la consolidación fiscal de las administraciones españolas. La recomendación de Almunia va más allá que la propuesta actual del Gobierno español, que ha descartado la opción de fijar un tope por ley y en su lugar aboga por llegar a acuerdos políticos con las autonomías.

Desde el Gobierno español, la vicepresidenta económica, Elena Salgado, ha defendido que son "absolutamente favorables" a que cada comunidad apruebe un techo de gasto. "Ya lo ha dicho el presidente y se las autonomías con gobiernos socialistas se han comprometido a ello", ha defendido la también ministra de Economía. Además, ha instado al PP a que en las regiones en las que gobiernan también adopten esta iniciativa, que supone un tope legislativo para los desembolsos de cada comunidad y, por tanto, un límite por ley a su déficit.

"La mayoría de las regiones tienen un color político distinto al del Gobierno central y eso supone un gran reto en un momento muy difícil"

"Mi opinión, como comisario y español, es que los gobiernos regionales deberían introducir lo antes posible una norma legalmente vinculante sobre limitación del gasto en sus presupuestos", ha dicho Almunia en una conferencia organizada por el centro de estudios de Bruegel en Bruselas. Para poner la norma en marcha, ha explicado Almunia, "la regla debería acordarse a nivel político en el consejo de política fiscal y financiera y entre los dos grandes partidos que deciden la mayoría en casi todos los parlamentos regionales", ha explicado antes de criticar que la coordinación de las políticas fiscales autonómicas en este marco "no ha sido plenamente eficaz".

"En España, el grado de corresponsabilidad debería aumentar muy rápidamente por las condiciones políticas después de las últimas elecciones. Desafortunadamente, según mi punto de vista político, la mayoría de las regiones políticas tienen un color político distinto al del Gobierno central y eso supone un gran reto en un momento muy difícil", ha resaltado el comisario europeo. Tal y como ha admitido, para las comunidades resulta "más difícil" reducir el déficit que para el Gobierno central porque la mayoría del gasto se concentra en sanidad y educación, que son partidas con "baja elasticidad".

Con el objetivo de cumplir con el objetivo de reducir el déficit comprometido ante Bruselas, el Gobierno ha sacado la tijera en sueldos y ha congelado las pensiones, ha rebajado gastos corrientes y ha reducido inversiones. Gracias a ello, confía en reconducir el déficit desde el 9,2% con el que cerró 2010 al 6% del PIB en 2011 para acabar en 2013 en el 3%. No obstante, aunque la Administración Central está cumpliendo con las metas fijadas, la incógnita está en si las comunidades también lo lograrán tras el fiasco de 2010, aunque hoy la vicepresidenta Elena Salgado debería dar algunas pistas sobre ello en la presentación de los datos de ejecución presupuestaria hasta abril.

Además, el Gobierno ha optado por dejar fuera a las comunidades de la obligación de vincular el gasto a la evolución del gasto al PIB nominal en el medio plazo. Esta medida supone que la Administración central tendrá condicionados sus desembolsos en función de si se van cumpliendo las previsiones de crecimiento a largo plazo. La medida, según explicó el presidente José Luis Rodríguez Zapatero al presentar el llamado Pacto de Competitividad del euro, será de "obligado cumplimiento" para el Estado y Ayuntamientos, pero no para las comunidades por respeto a la autonomía financiera de las regiones.

Durante el pasado ejercicio, la mayoría de comunidades se saltó el objetivo de cerrar el año con un déficit agregado del 2,4% del PIB al llegar al 2,8%. Este incumplimiento, sin embargo, al final no tuvo impacto en el dato del conjunto de las Administraciones públicas gracias al mayor esfuerzo del Estado.

Las desviaciones más flagrantes se localizaron, por orden de incumplimiento, en Castilla-La Mancha, Murcia, Baleares y Cataluña. En esta última, asimismo, el nuevo Gobierno surgido tras las elecciones de 2010 de CiU se estrenó revelando un mayor desfase presupuestario de lo previsto, algo que los analistas extranjeros no descartan que suceda en otras regiones, después del cambio de color político que han motivado los comicios del 22 de mayo, en autonomías como Castilla-La Mancha o Asturias. En 2011, los gobiernos regionales están obligados a recortar el déficit hasta el 1,3% del PIB y 8 de los 17 deberán ajustarlo "muy por encima" del 1,5% de media. De momento, Cataluña ya ha admitido al presentar sus presupuestos para este año que cerrará el ejercicio con un desfase del 2,66%, muy por encima de los límites fijados por el Gobierno central.