Hacienda ingresa 260 millones de los titulares de las cuentas de Suiza

Ocaña afirma que se trata de la mayor operación de regularización fiscal de la historia de España

El secretario de Estado de Hacienda y Presupuestos, Carlos Ocaña, ha revelado hoy que la Agencia Tributaria ha cobrado 260 millones de euros de las regularizaciones voluntarias efectuadas hasta septiembre por parte de la mitad de los 659 contribuyentes españoles titulares de las cuentas de la filial del HSBC en Suiza. Según ha destacado Ocaña durante una comparecencia en el Congreso, se trata de de la mayor operación de estas características de la historia de España aunque, ha añadido, las cifras aún son "provisionales" y seguramente seguirán aumentando en un futuro.

A mediados de junio, la Administración comunicó por escrito a unos 659 contribuyentes españoles que tenía conocimiento de unas 3.000 cuentas no declaradas en Suiza por valor de algo más de 6.000 millones de euros y les daba hasta final de mes para regularizarlas. Sin embargo, ante la respuesta prácticamente nula que tuvo este primer movimiento de la Agencia contra los supuestos evasores, optó por cambiar de estrategia. La segunda opción fue iniciar procedimientos de inspección a aquellos titulares que, según ha afirmado hoy Ocaña sin dar cifras, no respondieron al requerimiento o que no dieron una "respuesta satisfactoria". Esta medida tuvo más éxito y puso en marcha las regularizaciones.

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Sobre los contribuyentes que se han puesto al día con Hacienda, Ocaña ha explicado que los pagos corresponden al IRPF, lo que deja pendiente la regularización de otros posibles impuestos como el de patrimonio. Además, ha asegurado que la Administración se ha regido por el principio de "tolerancia cero". Es decir, no ha tenido ningún trato de favor para los contribuyentes con cuentas en Suiza. Por su parte, quienes han decidido no pagar a la Agencia Tributaria confían en hacer valer ante el juez, si fuese necesario, el origen de la información de las cuentas del HSBC. Los datos proceden de un robo de un ex empleado del banco, con lo que un tribunal podría invalidar la prueba por su procedencia ilícita.

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