Los supervisores exigen a la banca más capital para afrontar las crisis

La reforma del sector financiero, una de las prioridades del G-20 tras la debacle económica originada en los mercados, retoma el paso, tras meses de dilaciones. El comité de Basilea, que reúne a gobernadores de bancos centrales y otros supervisores de 27 países avanzados y emergentes, logró ayer desbloquear la negociación sobre los nuevos requisitos de capital a la banca, uno de los asuntos más polémicos de la reforma. En la revisión de reglas más drástica en décadas, los supervisores optaron por criterios mucho más duros que los que había antes de la crisis, en una decisión que las entidades financieras, a buen seguro, encajarán mal. A cambio, restan exigencia a los plazos. Las nuevas normas empezarán a entrar en vigor en 2013 y no se exigirán de forma completa hasta 2018.

La crisis dejó en evidencia que la dotación de capital de las entidades, con requisitos legales muy reducidos, había sido insuficiente para hacer frente a las consecuencias del shock provocado por la quiebra de Lehman Brothers, en septiembre de 2008. Varias entidades desaparecieron, muchas otras tuvieron que ser rescatadas por los Estados, que además tuvieron que avalar préstamos y depósitos para evitar el colapso del sistema. Con mínimos legales tan mínimos, la banca apenas tuvo obstáculos para cubrir todo tipo de operaciones, incluidas las más arriesgadas, con deuda. Un comportamiento que se exacerbó por los bajos tipos de interés que imperaron en la última década.

El G-20 encargó a supervisores y reguladores una nueva normativa para que las crisis financieras dejen de ser tan frecuentes y para obligar a las entidades a reservar más fondos con los que hacer frente a las consecuencias. Tras meses de discusiones, el acuerdo anunciado ayer cumple con el objetivo de elevar, de forma drástica, los requisitos legales mínimos. Si hasta ahora el mínimo de capital básico -acciones y reservas, en inglés, core Tier 1- era del 2% de los activos (ponderados por el riesgo asumido en cada operación), el comité de Basilea eleva ese requisito al 4,5%.

La exigencia de capital de mayor calidad se eleva al 7%, más del triple que en la normativa vigente, si se tiene en cuenta el nuevo "colchón de protección". Este colchón debe nutrirse en los tiempos de bonanza y será la primera trinchera de la entidad para hacer frente a las pérdidas derivadas de shocks financieros. Pero, a diferencia del ratio de capital básico, los supervisores no podrán obligar a la entidad a captar capital en el mercado. Lo que sí podrán hacer es forzarles a reducir el reparto de dividendos o el pago de bonus a sus ejecutivos para aumentar así las reservas y acercarse al umbral exigido.

Solvencia

Además de estas exigencias de capital de mayor calidad, también se amplía el requisito del ratio Tier 1, el parámetro más habitual para comparar la solvencia de las entidades. Este indicador suma a la dotación de acciones y reservas otros instrumentos que combinan características de capital y deuda, como las participaciones preferentes. Este ratio, más amplio, pasa del 4% al 6% de los activos ponderados de riesgo.

Pero más importante que elevar la cuantía, es que la proporción del capital de mayor calidad en el ratio Tier 1 es ahora mayor (antes era la mitad, ahora será el 75%). Y que las diversas deducciones a que obliga la normativa se harán directamente sobre el capital de mayor calidad (lo que forzará a aumentar aún más la dotación de acciones y reservas) y no sobre el resto de instrumentos híbridos que computan en este ratio. Estas diferencias impiden una comparación con las exigencias de capital (también 6% de Tier 1) establecidas en las pruebas de resistencia que pasaron la inmensa mayoría de los bancos europeos a finales de julio. Al variar la definición, muchas entidades se verán obligadas a emitir acciones o aumentar reservas.

Si se tienen en cuenta otros instrumentos de capital y deuda de menor calidad (definidos como Tier 2) la exigencia llega al 10,5% de los activos ponderados por riesgo. El comunicado del Banco Internacional de Pagos, del que depende el comité de Basilea, adelanta que también se pondrán en marcha "colchones contracíclicos", un sistema similar a las provisiones impuestas por el Banco de España. El modelo está aún en discusión, pero las autoridades nacionales podrán exigir hasta un 2,5% de capital extra para cubrir los riesgos de una concesión de créditos excesiva. Y habrá un recargo para las entidades que tengan más influencia en el conjunto del sistema, aunque aún no se ha definido su cuantía.

Además, se exigirá a los bancos que tengan dinero o activos fácilmente convertibles en dinero para afrontar al menos 30 días de colapso de liquidez (esta exigencia, como la del ratio de capital básico deberá satisfacerse antes de 2015). Y también tendrán que tener activos líquidos suficientes para cubrir riesgos sobrevenidos por las diferencias temporales entre su financiación (muchas veces a corto plazo) y sus compromisos de pago (a medio y largo plazo).

"El acuerdo es esencial para la estabilidad financiera", sintetizó el presidente del Banco Central Europeo, Jean-Claude Trichet, que dirigió las negociaciones. El pacto deberá ser refrendado por el G-20 en noviembre y, luego, por las autoridades nacionales.