Los notarios comunicaron al Sepblac 871 expedientes con indicios de blanqueo en los últimos 18 meses
El Órgano Central de Prevención atendió 15.178 solicitudes de información y 5.068 solicitudes de instrumentos públicos
Los notarios comunicaron al Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (Sepblac) 871 expedientes con indicios o sospecha de blanqueo de capitales en los últimos 18 meses, según los datos que aportados por el presidente del Consejo General del Notariado, Antonio Ojeda, en rueda de prensa en el marco de los cursos de verano de El Escorial.
El Órgano Centralizado de Prevención del Blanqueo de Capitales (OCP) atendió de enero de 2009 a junio de 2010, 15.178 solicitudes de información y 5.068 solicitudes de instrumentos públicos por parte de los órganos judiciales, el Ministerio Fiscal y la Policía. Ojeda quiso recordar que la OCP nació para fomentar la colaboración con las administraciones públicas y que desde su fundación a finales de 2005 la colaboración con los notarios ha sido decisiva para prevenir estos delitos: "se ha permitido fortalecer la colaboración entre los notarios con el Sepblac y con las autoridades judiciales, lo que ha facilitado enormemente la lucha contra el blanqueo" afirmó.
El mismo Sepblac en su memoria de 2008 hizo hincapié en la importancia de esta colaboración y subrayaba que el 75% de las operaciones emprendidas por este organismo contra el blanqueo procedió de comunicaciones remitidas por profesionales del sector.
La actual Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales fue aprobada en noviembre de 2009 como consecuencia de la adaptación de una directiva comunitaria con el voto en contra del grupo parlamentario de IU / ICV que defendía que en la misma se incluyese el control de los movimientos realizados por cargos políticos tanto del extranjero ( que si se incluían ) como nacionales. Esta situación ha sido explicada en el marco de los cursos por los representantes del PSOE y PP en la Comisión de Economía del Parlamento. Tanto el popular, Baudilio Tomé Muguruza, como la socialista, Gloria Gómez Santamaría, han defendido la inutilidad de esta medida ya que los diputados "están ya controlados por la Seguridad Social y Hacienda como el resto de los españoles".
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