El Banco de España lastra los beneficios de la banca al subir las dotaciones por el 'ladrillo'

El Banco de España ha decidido endurecer las provisiones que tienen que hacer los bancos y las cajas por quedarse con viviendas en sus balances. El objetivo de la nueva normativa es evitar que las entidades creen grandes carteras de activos inmobiliarios a cambio de la deuda de sus clientes, una tendencia que ha ganado fuerza en los últimos trimestres para mantener bajo control la tasa de morosidad tras el estallido de la burbuja inmobiliaria.

Según el Banco de España, aunque esta es "una opción legítima" para paliar los problemas derivados de los créditos impagados, su "elevado volumen en circunstancias de tensión de la mora aconseja establecer algunos principios básicos para la estimación de su deterioro e incentivar la búsqueda de soluciones definitivas para ellos".

El antiguo instituto emisor explica que, ya que la adquisición de viviendas por parte de un banco en pago de deudas supone "un inequívoco indicio de deterioro, no debe retrasarse su reconocimiento". Por este motivo, las entidades deberán dotar un mínimo del 10% desde la entrada de un inmueble en su cartera. A partir de los 12 meses este porcentaje se eleva al 20% y, cuando han pasado dos años, aumenta al 30% salvo en aquellos casos en que el valor de la vivienda en cuestión sea superior al volumen de la deuda de su antiguo propietario.

Según calcula el Banco de España a partir de un ejercicio teórico realizado sobre varias entidades, el impacto medio será de un ligero incremento del 2% de las coberturas previstas para 2010. Este mayor esfuerzo se traducirá en un recorte del 10 de su resultado antes de impuestos, lo que empeorará los ya de por sí mermados márgenes de las entidades.

Además, tal y como aparece en la nueva Circular contable que ha publicado hoy el supervisor para someterlo a consultas, las entidades deberán dotar el 100% de los créditos dudosos a partir de un año de su entrada en mora, en lugar de un máximo de seis que tenían hasta ahora. Según admite el supervisor, "con ello se recorta sustancialmente el periodo de tiempo para provisionar los préstamos".

A cambio de este endurecimiento de la normativa, el organismo dirigido por Miguel Ángel Fernández Ordóñez reconoce el valor de algunas garantías inmobiliarias que antes no estaban reconocidas económicamente.