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Las autonomías deben 6.000 millones al Gobierno por la caída de la recaudación

Salgado no descarta nuevas subidas de impuestos y anuncia que la nueva financiación se tramitará "en las próximas semanas".- El PP critica la ausencia de cifras

Lo normal es que en plena crisis todo lo que pueda ir mal, vaya a peor. Con las arcas de las comunidades autónomas temblando por el latigazo de la crisis sobre los ingresos impositivos, el Gobierno ha cifrado en 6.000 millones de euros lo que las comunidades autónomas deberán devolver a Hacienda a cargo de las cuentas de 2008. Cada año, el Gobierno da a las autonomías un anticipo de lo que les corresponde,en función de las estimaciones de ingresos.

Hasta ahora, el Ejecutivo se quedaba corto en esa cifra, y más adelante liquidaba a las autonomías por los ingresos adicionales. Pero eso era en tiempos de bonanza, cuando los impuestos crecía a buen ritmo. La recesión que atraviesa la economía española recortó fuertemente la recaudación de impuestos en 2008. Tanto, que las comunidades deberán devolver a Hacienda esos 6.000 millones, aunque con facilidades de pago: podrán hacerlo en un plazo de cuatro años, y a partir de 2011.

"Habrá que seguir haciendo un esfuerzo fiscal generoso"
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La vicepresidenta y ministra de Economía, Elena Salgado, ha comparecido este miércoles ante la Comisión de Economía del Congreso para explicar los acuerdos que dieron lugar a la aprobación del nuevo sistema de financiación autonómica. Apenas dio novedades. Lo que sí se pudo constatar en sede parlamentaria es que sólo ICV y ERC dan claras muestras de apoyo al nuevo modelo, que aportará algo más de 11.000 millones de euros adicionales a las comunidades para compensar por el incremento de población de los últimos años. Salgado se negó en redondo a ofrecer cifras por comunidades, pero al menos validó las que han ido calculando las propias autonomías.

Subida de impuestos

La crisis tiñe todo lo relativo a la política económica. La ministra salió al paso de las últimas declaraciones del ministro de Fomento y número dos del PSOE, José Blanco, partidario de subir los impuestos a las rentas altas. Salgado ha desautorizado a Blanco -"es una reflexión puramente personal" del ministro de Fomento, dijo-, pero ha preparado el terreno para algo que parece cantado: el anuncio de una nueva subida de impuestos en otoño, dentro de los Presupuestos Generales del Estado y en la nueva Ley de Economía Sostenible.

Salgado no ha confirmado que vayan a subir los impuestos a las rentas altas -"las rentas altas ya pagan más en el actual sistema fiscal", destacó-, pero ha dejado bien claras las intenciones del Gobierno: "Habrá que seguir haciendo un esfuerzo fiscal generoso". Con el déficit público creciendo a toda velocidad, eso se traduce en medidas de austeridad (como la congelación del sueldo de los funcionarios), el mantenimiento del gasto social (como las nuevas ayudas a los parados) y con novedades fiscales: "Pondremos en consideración todas las figuras impositivas, sin apriorismos, teniendo en cuenta la situación económica y que la prioridad es la recuperación del crecimiento". En plata, eso es subir impuestos.

Traje a medida de Cataluña

Las críticas por parte del PP se han centrado en las cifras, en los millones efectivos que cada comunidad autónoma recibirá del Gobierno central. O más bien en su ausencia. Cristóbal Montoro, portavoz de asuntos económicos del principal partido de la oposición, ha criticado que el Gobierno no cuantifique el nuevo sistema de financiación, algo que es, en su opinión, imprescindible, ya que la financiación autonómica es "la cuantificación de la convivencia entre los españoles".

En su respuesta, la vicepresidenta económica ha asegurado que no es posible dar las cifras de momento porque todavía no se ha liquidado el presente ejercicio pero que, en cuanto se haga, se aportarán "igual que hicieron ustedes en su día".

Salgado ha asegurado, no obstante, que los cálculos de su ministerio coinciden con lo expresado por los distintos responsables regionales, lo que confirmaría, por ejemplo, la cifra que hizo pública en su día la Generalitat: 3.687 millones adicionales.

Montoro también ha criticado el proceso que ha llevado al nuevo sistema ya que, en su opinión, se ha negociado con los partidos políticos, no con los gobiernos regionales. El motivo ha sido la necesidad del Ejecutivo de "mantener el tripartito catalán y garantizar que los presupuestos de 2010 salgan adelante". El portavoz del PP ha acusado a Salgado de hacer un "traje a medida para los catalanes" a quienes ha advertido de que no van a ver nunca los manidos 3.687 millones de euros extra.

Sin acuerdo entre los grupos catalanes

Si el PP ha arremetido contra el supuesto favoritismo hacia Cataluña del nuevo sistema, CiU ha criticado justo lo contrario. Según su portavoz, Josep Sánchez Llibre, los catalanes "compraron un edificio amplio y se encuentran un aparatoso decorado de cartón piedra", en referencia al nuevo estatuto de autonomía aprobado durante la pasada legislatura y que, en su opinión, la nueva financiación incumple flagrantemente, algo que ha negado tajantemente la vicepresidenta.

Desde el grupo formado por ERC, IU e ICV, sin embargo, han primado los elogios al nuevo sistema. El portavoz de los ecosocialistas, Joan Herrera, ha asegurado durante su intervención que el principal problema del nuevo sistema ha sido su demora, pero se compensa, en su opinión, porque "se ha puesto fin a la estrategia cortoplacista" que puso en práctica CiU cuando gobernaba en Cataluña y "solo se ha dicho que 'sí' cuando la propuesta era atractiva".

El nuevo modelo de financiación

El nuevo sistema de financiación autonómica prevé la cesión del 50% del IRPF y del IVA, así como del 58% de los impuestos especiales. Incorpora también tres fondos (de Suficiencia global, Competitividad y Cooperación) y recursos adicionales para reforzar el estado de bienestar por un importe de algo más de 11.000 millones de euros.

En opinión de Salgado, el sistema tiene en cuenta el aumento de población registrado en España desde 1999, garantiza a los ciudadanos la igualdad en la financiación de los servicios públicos fundamentales, a los que dedica el 80% de los recursos, y reduce significativamente las diferencias en la financiación per cápita.

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