Más voces a favor de sacar a los políticos de los consejos de las cajas

En pleno debate sobre el futuro del sector financiero y a la espera de la entrada en acción del fondo de reestructuración, el ex ministro socialista Jordi Sevilla, el diputado popular Vicente Martínez Pujalte, el antiguo secretario de Estado de Economía del PP, Luis de Guindos, y Emilio Ontiveros, catedrático y consejero delegado de Analistas Financieros Internacionales han abogado hoy de forma conjunta por eliminar los derechos políticos de los consejos de administración de las cajas.

Según se recoge en las conclusiones del libro Pasado, presente y futuro de las cajas, que ha sido presentado hoy en el Congreso por este grupo de economistas, las cajas deberían eliminar la influencia de los políticos en sus consejos de dirección y limitarse a supervisar la obra social de las entidades. Según han añadido, también debería revisarse el papel de sus comisiones de control y auditoria para que sean independientes de sus órganos de dirección.

Así, aunque en su opinión no hay que cambiar la naturaleza política de las entidades, sí habría que poner en marcha cuotas participativas con derechos políticos en todas las cajas, aunque con unos límites, y crear un mercado secundario para su intercambio, lo que añadiría presión a los directivos para mejorar su gestión y aumentar la transparencia. En definitiva, una reforma de la actual ley de cajas para dejar su cuenta de resultados en manos de los profesionales pero sin ir tan lejos como el ex presidente José María Aznar, que directamente abogaba por la privatización de estas entidades.

En este sentido, el grupo de economistas que suscribe el libro aboga porque el Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) sean los responsables de todas las tareas de supervisión, en lugar de las comunidades, lo que a buen seguro causará urticaria en los partidos nacionalistas. Además, para añadir más leña al fuego, instan a acabar con el derecho de veto a las fusiones interregionales de los gobiernos autonómicos para evitar la creación de bancos regionales bajo el control de los Ejecutivos regionales. Siguiendo con la reestructuración del sistema, los autores del libro han ratificado que existe un exceso de oficinas y estructuras.